El acuerdo que han firmado este jueves el Gobierno y Podemos para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2019 incluye la regulación de los precios del alquiler. Serán los ayuntamientos quienes puedan establecer límites para que no se cometan abusos hacia los inquilinos.
Tanto el acceso a la vivienda como el control de los precios del alquiler, que en el caso de ciertas ciudades puede ser «abusivo», tienen dedicado un capítulo completo en el nuevo acuerdo del Gobierno con Podemos.
La duración mínima de los contratos de alquiler pasará de los tres años actuales a los cinco. Siete en caso de que se trate de una persona jurídica. Posteriormente, si ninguna de las partes ha manifestado su intención de anular el contrato, la prórroga tácita del mismo pasa a ser de tres años (cinco para una persona jurídica).
Además, se eliminan algunas de las exigencias de los caseros como la firma de avales bancarios. En la formalización del contrato, los caseros no podrán exigir más garantías que una fianza de dos meses en metálico. Por otro lado, el arrendador podrá recuperar su vivienda antes de plazo si así se recoge en el contrato de alquiler.
Por último, las administraciones públicas tendrán el derecho de tanteo cuando un inmueble vaya a ser vendido en su totalidad para que se cumpla la prohibición de vender viviendas a los «fondos buitre».
