La Asociación Salvar el Archivo de Salamanca denunció este jueves el nuevo expolio pactado entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña para sacar 43.000 documentos del centro documental salmantino. Un acuerdo que se habría producido entre la consejera de Cultura de la Generalitat, Laura Borrás, y le ministro de Cultura, José Guirao.
Según informaciones filtradas por la Generalitat de Cataluña obtenidas por la Asociación, se pretenden sacar 43.000 documentos del Archivo de Salamanca, uno hecho que incumple la normativa legal, tanto la Ley que dio cobertura a envíos anteriores como la Sentencia del Tribunal Constitucional.
Desde la Asociación critican que el ministro se haya mostrado dispuesto a aceptar la petición de la consejera catalana “a cambio de apoyos para aprobar los Presupuestos de Pedro Sánchez”, y aseguran que ante esta situación “alarmante”, adoptarán medidas.
Entre ellas, la Asociación va a presentar un escrito en el Registro de la Subdelegación del Gobierno de Salamanca el próximo miércoles 24 de octubre que vaya dirigido al ministro de Cultura solicitando la relación detallada de los documentos que pretenden trasladar del Archivo de Salamanca y advirtiendo de que, en caso de comprobar que incumplen la Ley, se emprenderán las acciones judiciales oportunas, tanto en la vía contencioso-administrativa para impedir su traslado a Cataluña como penales contra los responsables del delito.
Del mismo modo, la Asociación iniciará contactos con los partidos políticos para hacer frente a una defensa de los archivos dentro de la legalidad, y además la presidenta de honor de la Asociación y senadora por Asturias, Rosa Domínguez, presentará una iniciativa parlamentaria para bloquear cualquier nueva salida de documentos que incumpla la Ley.
El presidente de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, insistió en que “lo que tiene que hacer el Gobierno es cumplir la Ley, exigiendo a la Generalitat de Cataluña que devuelva al Archivo de Salamanca los 400.000 documentos que mantiene indebidamente en su poder y no plegarse a nuevos intentos de extorsión por intereses partidistas”.
