Los agentes medioambientales han reclamado este jueves la revisión del protocolo de violencia externa de la Junta, así como una ley básica estatal y la disposición de más medios materiales y personales que permitan garantizar su seguridad y el desarrollo de sus tareas y funciones. El colectivo estimó que sería necesario contar con 900 agentes medioambientales en la Comunidad, una cifra que actualmente ronda los 750.
Los agentes respaldados por integrantes de CSIF, UGT, CCOO y las asociaciones profesionales Apafle y Apamcyl, se concentraron este mediodía ante la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para reclamar estas medidas, en especial después de la agresión que sufrió un agente en Rucayo (León) el pasado 7 de octubre, cuando un pastor golpeó con un hacha el vehículo del agente, que evitó el impacto en la ventanilla.
Además de la revisión del protocolo establecido por la Junta que, a su juicio, ha quedado demostrado que “no vale”, también pidieron una ley básica estatal que vaya “más allá” de lo dispuesto en la Ley de Montes, que incluya la adecuación del reglamento de armas o del de Circulación de Vehículos con las luces prioritarias “para actuar con seguridad en las intervenciones”.
Igualmente, solicitaron formación y la dotación de los medios materiales y personales necesarios y proporcionales para garantizar su seguridad durante el desempeño de sus funciones, con el fin de cumplir con los “imprescindibles” servicios en parejas, que generaría una “necesaria” reorganización comarcal que permita tener entre 15 y 20 agentes por comarca.
