El Tribunal Supremo revisará la sentencia emitida este jueves que obligaba a la banca a pagar el impuesto de actos jurídicos documentados vinculados a una hipoteca, en lugar de hacerlo el cliente, como ocurría hasta ahora.
Por eso, ha decidido paralizar con carácter urgente todos los recursos planteados al respecto.
En una nota informativa del presidente de la sala tercera del alto tribunal, Luis María Díez-Picazo, dicha decisión se ha adoptado teniendo en cuenta el «giro radical» en la jurisprudencia y en la «enorme repercusión económica y social» de un fallo que achacaba este gravamen a las entidades por ser las interesadas en la operación.
Según han informado fuentes jurídicas, la paralización no implica la suspensión de la reciente doctrina, que continuará siendo la vigente hasta que el pleno, compuesto por 31 jueces, se reúna.
De dicho encuentro, previsto para los próximos días, dependerá la futura resolución del resto de recursos de casación.
En su reciente sentencia, los magistrados de la sala de lo Contencioso-Administrativo acordaban atribuir el pago del gravamen a los bancos y no al cliente, ya que son los interesados en disponer de la acción ejecutiva y privilegiada que deriva de la hipoteca.
De este modo modificaba su jurisprudencia anterior, según la cual era el usuario o consumidor quien debía hacer frente a este impuesto, que para una hipoteca media de 150.000 euros conllevaría un importe próximo a 1.500 euros.
Eso supondría un impacto para el conjunto de la banda de casi 2.000 millones de euros, lo cual ocasionó un desplome de la cotización de sus acciones en la Bolsa el jueves y en las primeras horas de este viernes, hasta que el Supremo dio marcha atrás y la alegría volvió a la cotización de los bancos.
