Herrera defiende que los casos de las residencias de Babilafuente y Castellanos son “aislados”

Pablo Fernández abandona el hemiciclo después de que el presidente de la Junta considerara que sus protestas le hacían parecer “la muñeca diabólica”

 

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, defendió este martes que los casos conocidos recientemente a través de un programa de televisión sobre el estado de la comida que se administra a los mayores en centros como los de Babilafuente y Castellanos de Moriscos son casos «aislados», y garantizó la «profesionalidad» de las personas encargadas de los controles alimentarios y sanitario en estos centros.

ICAL.   Así lo dijo en el pleno de las Cortes celebrado este martes, donde cifró en once los centros de mayores sancionados fruto de la labor de inspección por situaciones que «con los controles se corrigen».

Pablo Fernández, portavoz de Podemos, abandona el pleno, después de que Herrera lo llamara ‘muñeca diabólica’. Foto.
Dos Santos / ICAL

Herrera respondió así al requerimiento del portavoz de Podemos, Pablo Fernández, que preguntó si la Junta tiene prevista la contratación del señor Chicote «para poder conocer la verdadera realidad de las residencias de mayores de gestión privada en la Comunidad». Ante la respuesta del presidente del Ejecutivo autonómico, y después de recibir varios avisos por parte de la presidenta de las Cortes por sus protestas, en especial después de que Herrera estimara que en ocasiones parecía «la muñeca diabólica», Fernández decidió abandonar el hemiciclo. Posteriormente, la presidenta del Parlamento autonómico instó a Herrera a disculparse, por lo que retiró las palabras vertidas contra el líder de Podemos en la Comunidad.

Herrera lamentó que el secretario general de la formación morada se hubiera ofendido con sus palabras, insistió en la profesionalidad de los controladores, y defendió la asistencia que se presta en los servicios en la Comunidad, en un ámbito que cuenta con 1.500 plazas residenciales más que al inicio de la legislatura. Además, prosiguió,  ofrece la mayor cobertura en España y que dobla la media nacional de plazas con financiación pública, lo que constituye una red que, a juicio de Herrera «merece todo el respeto».

Aunque reconoció que los casos conocidos a través de un programa de televisión son «graves» y «absolutamente deplorables e indeseables», incidió en que es «poco decente» generalizar dos casos de gravedad en relación a una red «bien valorada» y que da «un gran servicio» a decenas de miles de mayores de la Comunidad. En relación a estas dos residencias, el presidente de la Junta aludió a «algún incumplimiento leve» que se registró por parte de los inspectores en las 39 actuaciones de control desarrolladas en estos centros.

Por último, y después de que el portavoz de Podemos recordara que venían denunciando situaciones como esta desde hace un año, Herrera denunció el «sentido de responsabilidad» de la formación morada ante esta situación sin haberlo denunciado en las Cortes, en la Fiscalía o en algún otro lugar. «Es una irresponsabilidad», concluyó.

Desde Podemos, Pablo Fernández pidió el incremento del número de inspectores para así evitar situaciones «abominables como esta» ante la que Fernández dijo sentirse «horririzado», además de que entendió que estas situaciones denotan «inacción» y «falta de responsabilidad, dejadez y falta de preocupación de las personas mayores» por parte del Ejecutivo autonómico.

Fernández recordó a Herrera que es la Junta quien tiene la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, incluyendo la atención a los mayores, según recoge el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aunque ha sido un programa de televisión quien ha «puesto el foco» en la «nefasta» gestión que se está prestando. «Ponga un Chicote en su vida», instó Fernández al presidente del Ejecutivo autonómico.

«Llevamos un año denunciando esta galería de los horrores que quieren despachar con una multa de 60.000 euros», lamentó Fernández, quien pidió a la Junta que lleve a cabo tareas de control, vigilancia, supervisión y sanción, aunque lamentó que sean «laxos» con determinadas empresas privadas «que buscan rentabilidad económica sin importarles la salud de los mayores».

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