El obispado de Salamanca ignoró durante décadas, sin informar a la policía, las denuncias contra un cura condenado finalmente en el Vaticano por abusos sexuales a menores en 2014, Isidro López Santos, de 77 años.
Según informa este jueves EL PAÍS, la sentencia canónica solo llegó después de la denuncia en la diócesis de una de sus víctimas, Javier Paz, en 2011, y de que sacara su caso a la luz pública tres años más tarde. Le acusó de abusos entre 1982 y 1992.
Después también se sumaron a la denuncia otras dos personas, aunque el obispado lo silenció y nunca mencionó en sus notas de prensa que había más de una víctima. Solo usó un plural genérico, por lo que el de Javier Paz parecía un caso aislado. Es la propia Iglesia la que reconoce este pasado de denuncias desatendidas en la sentencia del caso dictada por la Congregación de Doctrina de la Fe, el dicasterio del Vaticano que se ocupa de la disciplina interna.
Según EL PAÍS, la sentencia fue leída a las víctimas en verano de 2014 y no les fue entregada una copia, solo al acusado, pero una de ellas tuvo la precaución de grabar esa lectura.
EL PAÍS ha tenido acceso a esa grabación, que contiene numerosos detalles inéditos mantenidos en secreto por el obispado. Confirma además un caso en España de la práctica establecida en otros países donde se ha destapado el escándalo: curas acusados de abusos que se mantienen durante años cambiándoles de parroquia.
El decreto de la sentencia admite que hubo más denuncias en el pasado que cayeron en saco roto: “Mientras ejercía el ministerio pastoral en las parroquias de San Julián y San Martín, y luego en San Pedro Apóstol de Tejares, en la diócesis de Salamanca, y era docente en los centros de educación secundaria Fray Luis de León y Torres Villarroel, sitos en Salamanca, fue acusado de diversos delitos de abuso sexual de menores, pero entonces tales denuncias no fueron consideradas verosímiles”.
Ese periodo temporal abarca varias décadas: en la parroquia de San Julián y San Martín permaneció desde los años setenta hasta mediados de los noventa, y en San Pedro Apóstol, hasta 2003. Por lo tanto, las denuncias se remontarían al menos a los años noventa, según informa EL PAÍS.
