[dropcap]E[/dropcap]n la tercera entrega de este artículo, haremos la síntesis de la primera parte de la jornada del 8 de octubre en el Congreso de los Diputados. Para lo cual –aparte de las intervenciones de apertura del simposio (Ana Pastor, Ramón Tamames y Ramiro Aurín) y de clausura (Pío García Escudero), presentamos la lista de ponentes del primer bloque de cuestiones: Ángel Simón, Presidente de Agbar, se refirió a “El agua, elemento indispensable para la sociedad y la economía”, en tanto que Ignacio S. Galán, Presidente de Iberdrola, se ocupó de “Desarrollo económico y nuevo modelo energético”. Por su parte, Pedro Saura, Secretario de Estado de Infraestructuras disertó sobre “Grandes infraestructuras: una síntesis de esfuerzos”, y Julián Núñez, Presidente de SEOPAN, culminó el cuarteto inicial con “Dinamización económica por infraestructuras”. Cuatro cuestiones fundamentales para el mejor funcionamiento de todo un sistema económico dinámico y flexible. De cada ponente, se hace a continuación una síntesis procedente de sus propios planteamientos:
Ángel Simón: agua
La población crece y se concentra en grandes urbes, un movimiento demográfico cada vez más evidente. Y esa población demanda, en consecuencia, cada vez más recursos y, por tanto, más agua. Las previsiones apuntan que en 2050 el 66 por 100 de los 10.000 millones de seres humanos que habitarán el planeta vivirán en grandes ciudades.
Se prevé que para el año 2030 la demanda del agua y los alimentos aumentará un 50 por 100 y la de la energía, un 40 por 100. Esto nos obligará a llevar a cabo una gestión diferente de los recursos, como he ido comentando a lo largo del discurso.
Es lo que llamamos el trinomio agua–alimentación–energía. Los tres elementos representan los tres vértices de un triángulo indisociable para la vida y el desarrollo humano en el que fluyen las sinergias, pero donde también se van agravando cada vez más las tensiones, por lo que su gestión eficiente tendrá un papel determinante en la agenda internacional de desarrollo sostenible.
Ignacio S. Galán: energía
Confío en que la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en proceso de elaboración, establezcan objetivos claros y ambiciosos, una planificación energética coherente y mecanismos regulatorios que garanticen su consecución del modo más eficiente.
Sólo así será posible atajar las consecuencias que el calentamiento global tendría en nuestro territorio, y que van desde fenómenos meteorológicos extremos hasta movimientos migratorios.
Por otra parte, la transición energética hacia un sistema más sostenible permitirá obtener importantes ventajas para nuestra sociedad:
- En primer lugar, la mejora de la calidad del aire evitará 24.000 muertes prematuras anuales en España y un coste sanitario equivalente del 3,5 por 100 del PIB español[1].
- Asimismo, se impulsará la revitalización de la industria y la creación de empleo. De acuerdo con datos de la Organización Mundial del Trabajo, por cada puesto que se pierda se generarán cuatro nuevos en sectores de futuro como las energías renovables, la movilidad eléctrica o la edificación sostenible.
- Al tiempo, se profundizará en el proceso de reducción de nuestra dependencia energética, que es aún del 73 por 100 debido a que importamos casi el 100 por 100 del petróleo y el gas que consumimos, y una gran parte del carbón. Modificar esta situación, a través de una mayor participación de las energías eólica y solar, reforzará la seguridad del suministro y mejorará nuestra balanza de pagos.
- Finalmente, la entrada masiva de energías renovables permitirá una reducción sustancial y estructural del nivel precio de la electricidad y de su volatilidad.
La puesta en marcha de una transformación como la que acabo de describir no estará exenta de dificultades.
Pero creo que no podría haber un foro más adecuado para exponer la oportunidades que supone para España que éste, en la sede de la soberanía nacional y con motivo de la conmemoración del fruto de uno de los ejercicios de consenso más alabados a nivel mundial en las últimas décadas.
Pedro Saura: infraestructuras
El objetivo de la nueva política de infraestructura es dar racionalidad a la gestión. Con dos metas adicionales a priorizar.
En primer lugar está la movilidad, esto es, poner el foco más en el transporte que en las infraestructuras. La infraestructura es el medio para alcanzar la movilidad, pero es la movilidad la que debe ser un derecho para los ciudadanos. Eso habla de la importancia de destinar recursos a aquellas infraestructuras que mejor satisfacen ese derecho a la movilidad. Un dato muy revelador es que mientras que en 2017 hubo 424 millones de viajeros en trenes de cercanías, en la Alta Velocidad sólo se transportaron 21 millones.
En segundo términos se sitúa el objetivo de seguridad, entendida como la inversión en conservación y mantenimiento de las infraestructuras. Superado el déficit en infraestructuras de España, una vez que su stock y calidad se ha equiparado al de los países más desarrollados de Europa, es preciso hacer un gran esfuerzo para preservarlas. Y eso se ha perdido en los últimos años. Según los datos de la Comisión Europea, desde el 2013 se ha producido un deterioro paulatino de las infraestructuras en España, lo cual ha afectado a todos los tipos de infraestructura: viaria, ferroviarias, aeroportuarias y portuarias. Nuestra política pretende revertir dicho deterioro.
Un caso emblemático sucede en la infraestructura de carreteras: en el Ministerio de Fomento estimamos que para realizar un buen trabajo en conservación y mantenimiento de carreteras, se precisa invertir en torno a 1.200 millones de euros en el Programa 453C. Entre los años 2012 y 2017, sistemáticamente la inversión ha sido inferior a dicho nivel, acumulando un déficit entre esos años de casi 2.000 millones de euros.
Es a través esta estrategia, mediante la respuesta a estas preguntas planteadas y con esos objetivos prioritarios en mente, como el gobierno pretende dar continuidad a esa historia de éxito que ha sido el desarrollo de las infraestructuras en España desde 1978, tratando de procurarle un elemento de excelencia.
Pero además, y continuando con el mandato constitucional de garantizar los derechos de todos los españoles sin exclusión de ningún tipo, proseguiremos con una política de diálogo y consenso con las administraciones territoriales y todos los sectores involucrados, incluyendo la iniciativa privada, con el objetivo de garantizar el derecho a la movilidad de los ciudadanos, y que ésta sea segura, un eslabón fundamental para lograr la igualdad de oportunidades, la libertad y la mejora en la calidad de vida de nuestros ciudadanos.
Julián Núñez: dinamizar el desarrollo global
Las infraestructuras han jugado un papel esencial en el desarrollo económico y social que ha experimentado España a lo largo de los últimos años. La calidad de nuestra red de aeropuertos, puertos, carreteras y alta velocidad ferroviaria, han hecho posible la vertebración y cohesión del territorio; han impulsado la competitividad en sectores clave de nuestra economía, como el turismo y las exportaciones; han provocado un positivo impacto económico, en términos de retorno fiscal, creación de empleo y promoción de la industria nacional, y han contribuido al bienestar social a través de la reducción de los costes externos de nuestros modos de transporte y el acceso a los suministros básicos prioritarios.
A ello ha contribuido de forma decisiva la eficiencia en la administración de los recursos destinados a las infraestructuras y la eficacia acreditada de las empresas españolas que las han llevado a cabo, habiéndose alzado hoy con el liderazgo mundial en la construcción y gestión de infraestructuras, constituyéndose en el sector más internacionalizado de la economía española.
Pero la satisfacción del trabajo bien hecho en el pasado no debe hacernos caer en el error de asumir que tenemos el futuro asegurado en materia de infraestructuras. Muy al contrario, España enfrenta en este momento un reto trascendental sobre el futuro de nuestras infraestructuras, y de las decisiones que hoy tomemos dependerá en gran medida el desarrollo y bienestar de nuestra sociedad durante los próximos años.
La realización de las infraestructuras pendientes es clave para nuestro desarrollo económico y modelo de bienestar. Por ello, su priorización y financiación debe ser materia de Estado. No podemos seguir eludiendo el compromiso con su modernización y mantenimiento. Constituye una prioridad adaptar a nuestra realidad económica actual un nuevo modelo de financiación, pues el actual, basado fundamentalmente en los presupuestos públicos, si bien ha producido importantes logros durante los últimos cuarenta años, es hoy insuficiente para atender las necesidades que nuestra sociedad demanda.
Los recursos presupuestarios proporcionados con los impuestos de los ciudadanos deben asignarse a aquellas infraestructuras en las que por razones de interés público no se deba trasladar la carga de su financiación a los usuarios, como nuestros equipamientos públicos básicos. Pero para la mayor parte del resto de infraestructuras, la carga de su realización, conservación y mantenimiento debe trasladarse, total o parcialmente, a los usuarios que de forma directa se beneficien de la misma.
La experiencia de estos cuarenta años demuestra que nuestra sociedad tiene la capacidad y pujanza necesarias para enfrentar con éxito los mayores retos. Pero, como decíamos antes, ningún avance será posible si un amplio consenso entre los que hoy representan, con sus distintas sensibilidades, los intereses de todos los ciudadanos.
Continuaremos y concluiremos la semana próxima con el segundo bloque de ponentes.
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