Castilla y León espera la decisión del Tribunal Supremo sobre el pago del impuesto de las hipotecas, donde podrían reclamarse unas 50.000 liquidaciones de los últimos cuatro años, con un importe de 120 millones de euros. La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, aseguró hace unos días que la Junta de Castilla y León estaba «preparada» para cualquier eventualidad.
ICAL. El cálculo de la Consejería indica que que esta sentencia afectará a unas 50.000 liquidaciones en los cuatro últimos años, con un importe de 120 millones de euros. Son cifras que corresponden a los años no prescritos aunque recordó que aún se desconoce la fecha a tomar como referencia.
Además, la Junta ha avanzado que acatará la sentencia del Supremo, que podría ser ratificada en la reunión prevista para mañana.
