El expresidente de la Generalitat Artur Mas y los exconsejeros Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, además de seis personas más, han sido condenados por el Tribunal de Cuentas a pagar 4,9 millones de euros por el proceso participativo del 9-N de 2014.
Según el Tribunal, los condenados tuvieron una responsabilidad contable y usaron dinero público. La condena, cuya sentencia aún no es firme, es de carácter solidario, por lo que tendrán que aportar el dinero entre todos. No obstante, Artur Mas está considerado como el máximo responsable del delito, lo que significa que tendrá que asumir el dinero que no aporten el resto de condenados.
El pasado mes de diciembre, el Tribunal de Cuentas embargó de forma preventiva los bienes inmuebles de los implicados, informándoles de que los podrían recuperarlos si salían absueltos. Se estimó que el valor de todos ellos cubría los 5,27 millones de euros de la fianza, de los cuales 2,9 millones se pagaron con el dinero recogido por la caja de solidaridad de la ANC.
Después de haber depositado la fianza, declararon ante el Tribunal de Cuentas lo sucedido en la consulta del 9-N. Mas negó que se acordaran gastos irregulares desde el Govern para llevarla a cabo. Según su declaración, los 7.000 ordenadores que se compraron no fueron para realizar el recuento de las papeletas, sino para mejorar los recursos de los centros educativos.
