La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imputación del expresidente de la Generalitat de Valencia, Francisco Camps, a quien se atribuyen delitos de prevaricación y de fraude tras la investigación de contratos menores del PP valenciano.
Después de la declaración de los principales acusados de la Comunidad Valenciana en la que se afirmaba la existencia de financiación irregular dentro del PP, la pieza fue reabierta. Ricardo Costa, condenado a cuatro años de cárcel, señaló a Camps como responsable de contratar a la empresa de Francisco Correa para organizar actos de campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008.
La Audiencia Nacional condenó por estos hechos a Correa a cinco años y tres meses de cárcel, además de al empresario Álvaro Pérez ‘el Bigotes’ a seis años y nueve meses y a Pablo Crespo a cinco años. También se condenó a otros implicados como los nueve empresarios que reconocieron que habían pagado de forma irregular parte de las facturas de estos actos electorales.
No obstante, no se indicaron en la sentencia las posibles responsabilidades de Camps en la financiación irregular del PP valenciano, aunque sí se dio credibilidad a la declaración de Costa. El magistrado José María Vázquez expuso en su resolución que las declaraciones que prestaron fueron «infructuosas», puesto que «nada saben, nada recuerdan, nada conocen» al remontarse a hechos de los años 2007 y 2008.
