La Junta de Castilla y León hablará con los 150 empresarios, propietarios de unas 300 instalaciones, que han sido presuntamente estafados por una funcionaria, porque como señala Bienvenido Mena, delegado territorial de la Junta, «no somos un número, intentamos que estas personas que han sido agraviadas tengan el derecho a poder manifestarse y nosotros también intentaremos llegar a los acuerdos que se pueda llegar»
Bienvenido Mena, delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, puntualiza sobre el presunto fraude a autónomos y Pymes por parte de una funcionaria de la delegación territorial de la Junta, e informa que de este asunto tuvo conocimiento Industria el 30 de abril de 2018, a través de unas denuncias por presuntas irregularidades en la tramitación de las inscripciones de las instalaciones industriales en la provincia.
Desde el servicio territorial se inicia una investigación y se detecta que existen posibles irregularidades. Este hecho se ponen en conocimiento de la inspección de servicios de la consejería de Presidencia y de Economía y Hacienda de manera inmediata.
La inspección de servicio elabora un informe que tiene fecha del 31 de julio de este año, donde se indica que las irregularidades pueden ser constitutivas de delitos o de faltas e insta a ponerlo en conocimiento de la fiscalía. Además de iniciar el correspondiente expediente sancionador o disciplinario contra la funcionaria implicada.
Desde la delegación territorial se remite a la fiscalía la documentación relacionada con este punto y se pone a disposición de la misma para entregarle toda la documentación que sea necesaria y que sea requerida.
Expediente a la funcionaria
La Junta abre expediente contra la funcionaria con el resultado de suspensión provisional de empleo y sueldo. «Actualmente, está suspendido hasta que el juzgado se pronuncie y dictamine la culpabilidad o no de la funcionaria, una vez tengamos sentencia podamos efectuar las acciones oportunas», puntualizó Bienvenido Mena.
La Junta se ha personado en la causa como acusación particular, por entender que la Administración ha sido gravemente perjudicada por los hechos que se investigan. «Todo ese dinero, que posiblemente, porque es una presunción, no ha entrado en la Administración», apunta el delegado Territorial.
La Junta ha actuado con celeridad, con la mayor diligencia posible de manera inmediata nada más tener conocimiento de la denuncia por parte de los implicados. Al investigar los hechos, se detecta que numerosas empresas no tienen instaladas, ni regularizadas las instalaciones conforme a lo que marca la normativa, con lo que se debe proceder a abrir expediente disciplinario.
«Esto habrá que verlo más adelante y lo que si puede llamar la atención de los presuntos implicados en el presunto fraude, es que además de haber sufrido la estafa, la Administración regional los sanciona. No es cuestión de sancionar, es que la Administración continúa el procedimiento, pero quiero que se sepa que de los 14 expedientes sancionadores que hay en este momento, no se deben únicamente al tema del presunto fraude cometido por la funcionaria, sino por otras irregularidades que no habían sido contemplados», señala Mena.
También explica el delegado Territorial que debe ser la Consejería la que determine, pero hay que mirar cada uno de los casos, «para que los empresarios no se vean seriamente perjudicados que es lo que no queremos. Lo que sí queremos es la trasparencia en todos los sentidos , en el político, judicial, empresarial o social».
Desde la Junta colaborarán con la Justicia, porque no pueden existir irregularidades de este tipo, que pongan en duda la credibilidad de todos los funcionarios de las Administraciones.
Los afectados
Existen 300 instalaciones, y unos 150 empresarios afectados. Ahora mismo, hay 14 expedientes sancionadores a esas empresas que han sido presuntamente estafas o defraudadas. No todos los expediente están sancionados por el presunto fraude.
¿A cuánto asciende la cantidad defraudada?
En este momento, no se puede determinar la cuantía defrauda al estar sub júdice. Será el juzgado el que determine las cantidades.
A los empresarios afectados, ¿se le dará un plazo para que regulen su situación?
En este momento se está produciendo a regularizar todo. Por eso, se están haciendo las inspecciones oportunas con el fin de regularizar esa situación, porque desconocemos hasta qué punto esto no ha sido gravado en la Administración territorial. Se hablará con ellos, no somos un número, intentamos que estas personas que han sido agraviadas tengan el derecho a poder manifestarse y nosotros también intentaremos llegar a los acuerdos que se pueda llegar. Lo que hay que entender es que la Administración funciona y que ellos se verán sorprendidos porque han sufrido un fraude y tienen que pagar las consecuencias. Es una cuestión que hay que estudiar con la prudencia que exige el momento. Lo importante es que la Justicia decida si esta funcionaria es culpable o inocente y en función de esto vendrán las consecuencias que se derivan desde el punto de vista judicial, como administrativo.
