El Juzgado de Instrucción 2 de Valladolid ha cerrado la instrucción de la trama por las presuntas irregularidades en la compra del edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda y de los terrenos para el polígono de Portillo, ambos en Valladolid, con la imputación de doce personas, entre la que se encuentra la excúpula de la Consejería de Economía y Empleo de le Junta de Castilla y León y seis empresarios.
En un auto, el titular del Juzgado de Instrucción número 2, César Gil Margareto, mantiene la imputación sobre los exviceconsejeros de Economía y Empleo, Rafael Delgado y Begoña Hernández. Además, dentro de la excúpula de la Consejería de Economía, también mantiene las acusaciones sobre Juan Carlos Sacristán Gómez, quien fuera consejero delegado de Gesturcal-ADE Parques; Salvador Molina Martín, director gerente de Gesturcal y director general de Proyectos de Polígonos Industriales; Francisco Armero, director financiero de ADE Parques y Gesturcal, y Alberto Esgueva, director de la División de Internalización de ADE.
Dentro de los empresarios, se imputa a los responsables de Urban Proyecta Luis Antonio Recio García, Ángel Román Montes López y Germán José Martín Giraldo, empresa con la que la Junta suscribió el contrato, primero de arrendamiento y luego de compra, del edificio de Arroyo, así como a Alberto Esgueva, exsocio de Rafael Delgado, y a su hermano Francisco.
En el mismo auto, el juez dicta el sobreseimiento de la causa respecto de José Rodríguez-Sanz Pastor, Pilar Manteca Barrio, Jesús Jiménez Miguel, Luis María García Clérigo y Jesús Rodríguez Recio.
El juez argumenta que el equipo del entonces consejero Tomás Villanueva actuó en connivencia con Urban Proyecta, para la compra del edificio de Arroyo, como con Parque Empresarial de Portillo en la compra de terrenos para un polígono que nunca llegó a construirse.
El juez atribuye a los imputados los delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude a la administración, malversación y cohecho. En el auto se distinguen los hechos relacionados con el edificio de Arroyo de la Encomienda y los relacionados con el parque empresarial de Portillo.
En la compra del edificio de Arroyo, asegura que Urban Proyecta contó con información “privilegiada” facilitada por los altos cargos de la Consejería de Economía y Empleo. Además, indica que, tras la firma de dos contratos de arrendamiento, finalmente se firma un contrato de compra por un precio muy superior al barajado en la opción de compra primera. En este sentido, el juez reprocha que no consten informes de control financiero realizados por la Intervención General de la Comunidad Autónoma que analicen la gestión del Área de Contratación de la ADE como ente integrante de la administración institucional, ni informes de control de la eficacia realizados por la Consejería de Economía, ni tampoco informe favorable de la Consejería de Hacienda a la operación.
En el caso de los terrenos de Portillos, el juez asegura en el auto que la operación se realizó por decisión unilateral de Rafael Delgado y Begoña Hernández para “favorecimiento” de las empresas relacionadas directa o indirectamente con Delgado, con Urban Proyecta y con Alberto Esgueva.
Además, se asegura que “fue una operación que además de tener aspectos de ilegalidad no se ajustó a los principios de responsabilidad en la gestión ni de eficiencia o eficacia suponiendo un mayor endeudamiento para Ade Parques en contra del principio de estabilidad financiera”. En este sentido, también se asegura que la utilización de personas jurídicas interpuestas en las operaciones encareció las mismas sin aportar valor añadido alguno.
