En Ayuntamiento posee en la actualidad radares para regular la velocidad del tráfico que podrían estar dando lugar a sanciones no válidas debido a su falta de homologación y, más concretamente, a la caducidad del certificado que debería garantizarla.
Ganemos Salamanca afirma que «son varias las personas que nos han advertido sobre esta situación» y que la agrupación de electores «ha podido comprobar, que en efecto, las multas presuntamente ilegales proceden de expedientes que se acompañan de un certificado de homologación concedido por el Ministerio de Economía, Industria y competitividad, caducado, con validez hasta el 17 de julio en ciertos casos».
Esta situación puede estar propiciando un “aprovechamiento injusto” por parte del Consistorio hacia los ciudadanos, tal y como denuncia la portavoz del grupo, Virginia Carrera, quien pedirá explicaciones sobre estos hechos en la próxima comisión de Policía Tráfico y Transportes, que se celebrará la semana que viene.
Ganemos pide que se aclaren estos hechos, «y no solo porque es posible que las sanciones se estén aplicando erróneamente, sino porque se está empujando a las personas multadas a optar por la opción del pronto pago, que incluye un 50% de descuento, lo que anula la posibilidad del recurso administrativo. Y es que desde la Policía Local se indica a las personas que piden explicaciones por este certificado no válido que se trata de un documento facilitado por error».
“Yo vi que el certificado estaba caducado, pero me dijeron que ese no era, que el correcto era otro y que ese estaba en mi expediente por error”, dice Ganemos que le contó un afectado. “Así que pedí que volvieran a mandarme la multa con el que ellos dicen que es el bueno y me dijeron que no, que para eso tenía que recurrir”, continúa.
La alegación en este tipo de sanciones recoge de forma expresa la renuncia a la reducción por pronto pago y deja a la persona en una “situación de indefensión”, puesto que la siguiente vía por la que se puede optar es la judicial, llevando la denuncia ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, “un procedimiento con un coste económico que no está al alcance de todos los bolsillos”, como apunta la concejala de Ganemos Salamanca.
