La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), con sede en Valladolid, anula el resultado de las oposiciones para especialista en Medicina de Familia y Comunitaria, celebradas en 2016, por entender que la Consejería de Sanidad incumplió las bases de la convocatoria al rebajar de 45 a 41 el número de respuestas correctas necesarias para aprobar, tras anular 17 de las 90 preguntas incluidas en el examen
ICAL. De esta forma, según la información facilitada por el TSJCyL, la Administración sanitaria de la Comunidad deberá elaborar un nuevo listado de aprobados teniendo en cuenta que la prueba se supera con 45 respuestas correctas.
El alto tribunal de la Comunidad estima así el recurso interpuesto por un opositor contra la resolución de diciembre de 2016 del tribunal calificador por la que se hizo pública la relación de aspirantes que habían superado la fase de oposición para acceder a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de licenciado especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.
Los magistrados consideran que las bases de la convocatoria son la «ley del concurso» y «vinculan tanto a la Administración y sus órganos calificadores como a los aspirantes (…) no pudiendo dejarse sin efecto por ninguna de las partes en virtud de hipotéticas facultades interpretativas».
Las bases de la convocatoria establecían la necesidad de contestar de manera correcta al 50 por ciento de las preguntas de un examen integrado por 90, es decir 45. El tribunal calificador rebajó ese baremo a 41 tras anular 17 preguntas.
«El tribunal calificador incumplió esta base al aprobar a los que solo tenían 41 preguntas correctas«, señala la sentencia, según la cual, «en modo alguno puede concluirse que el tribunal calificador o quien haya sido el que haya formulado las preguntas haya actuado con la diligencia y competencia mínimamente exigibles».
La Sala entiende que este hecho «exige que se depuren las responsabilidades pertinentes dadas las gravísimas consecuencias que se producen y la falta de consideración que conlleva la formulación de nada menos que 17 preguntas incorrectas frente a quienes con enorme esfuerzo participan de las difíciles pruebas de que se trata»
Finalmente, la Junta de Castilla y León ha sido condenada a pagar 2.000 euros en costas.
