CSIF lamenta que no se haya informado de esta iniciativa, previamente, a los representantes sindicales de los docentes
ICAL. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) urge a la Junta la convocatoria una Mesa Sectorial de Educación, para que informe a los representantes sindicales del proyecto de Decreto con el que se pretende implantar los centros docentes integrales -como lo ha ‘bautizado’ la Consejería de Educación, «una iniciativa que desconocíamos, y de la que nos hemos enterado por los medios de comunicación», criticó la presidenta del sector de Educación del sindicato en la Comunidad, Isabel Madruga.
«Una vez más, lamentamos ser conocedores de una noticia tan importante para los docentes, no habiendo sido informados previamente en Mesa Sectorial de negociación«, afirmó Madruga en un escrito de urgencia remitido al consejero de Educación, Fernando Rey.
«Le recordamos que este tipo de decisiones afectan directamente a las condiciones sociolaborales del profesorado al que representamos, por lo que, además de ser informados de este tipo de actuaciones, debemos negociar el borrador de la norma en el momento de su elaboración, antes de que el texto pase por otros órganos consultivos», advierte CSIF.
CSIF exigió que la Consejería de Educación concrete las medidas que pretende poner en marcha para el funcionamiento de estos centros, cómo repercutirá en la organización y ubicación actual de los centros docentes, y qué repercusiones tendrá sobre el profesorado de la enseñanza pública de la Comunidad.
La intención de la Junta, según CSIF, es tramitar un decreto, para regular la creación de un nuevo concepto de centro en los que se imparta todas las etapas educativas no universitarias, desde Infantil hasta Bachillerato y Formación Profesional, un modelo que se utiliza en la enseñanza concertada.
«Más allá de cuestionarnos la intención de la administración con este planteamiento, consideramos que el momento de tramitación, justo en el fin de la legislatura del actual equipo de Gobierno, no es el más adecuado», se señala en el escrito.
«La tramitación de un decreto es larga, por lo que cabe suponer que, de superar los trámites parlamentarios antes de la disolución de las Cortes, estas medidas tendrían que ser llevadas a cabo por otro equipo de gestión, de acuerdo con los resultados de las elecciones autonómicas que se celebrarán en el mes de mayo», concluye.
