- El PSOE cree que el Ayuntamiento podría tener que pagar una indemnización de 100 millones a Salamanca de Transportes
- Ganemos pide la dimisión del alcalde
- El PP responde que el chanchullo del contrato anulado por la justicia «es un debate jurídico»
El PSOE y Ganemos propusieron este jueves remunicipalizar el servicio de autobús urbano tras la anulación judicial del contrato adjudicado a Salamanca de Transportes, valorado en 142 millones, por “trato de favor”. La agrupación de electores, además, pide la dimisión del alcalde, Carlos García Carbayo, anterior edil de contratación.
Los socialistas ha propuesto la elaboración de informes que avalen y valoren la posibilidad, desde un punto de vista técnico, de que el servicio público de transporte urbano de viajeros del autobús sea gestionado directamente por el Ayuntamiento. «No proceder a esta vía o descartar este escenario sería dar un paso atrás y volver en este sentido a las andadas para volver a cometer un nuevo error del que los socialistas ya advirtieron», aseguró José Luis Mateos, candidato a la alcaldía.
Recuerda que los tribunales han acabado dando la razón a los argumentos que siempre mantuvo el PSOE durante el proceso de concesión de ese contrato y que no eran otros que esa adjudicación estaba dirigida a beneficiar a una empresa en concreto (la que finalmente se lo llevó), con un pliego de condiciones a la carta, y que impedía la libre concurrencia y la igualdad de oportunidades entre empresas.
Con esa anulación del contrato por parte de la Justicia, y esta política de contratación pública «clientelar», los socialistas aseguran que «el PP y el señor Carbayo han puesto en serio riesgo la estabilidad económica del Ayuntamiento de Salamanca. La anulación de este contrato, uno de los más cuantiosos del Consistorio, puede traer consecuencias desde el punto de vista económico muy perjudiciales para las arcas municipales. En caso de que la empresa concesionaria decidiera pedir indemnizaciones al Consistorio tras la anulación de dicho contrato, el Ayuntamiento de Salamanca podría estar obligado a desembolsar según algunas estimaciones una cifra en torno a los cien millones de euros, dinero público que saldría de los bolsillos de todos los salmantinos. Y todo por el empeño del PP y del señor Carbayo que han demostrado ser peligrosos para la gestión y los intereses de la ciudad de Salamanca».
El PSOE ha exigido al señor Carbayo que asuma su responsabilidad pública «en este desastre o señale al culpable que considere responsable de esta nefasta gestión que puede traer un perjuicio económico para la ciudad sin precedentes. Visto lo visto, el señor García Carbayo no está legitimado para gestionar Salamanca porque es una persona peligrosa para el buen fin de la ciudad, y es el único responsable de esta catástrofe», agrega.
Por su parte, Ganemos Salamanca ha incidido este jueves en su propuesta de remunicipalización después de conocer que ya es firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anula el contrato con la concesionaria actual, Salamanca de Transportes, al considerar que hubo trato de favor en el proceso de adjudicación (el recurso interpuesto por la empresa no ha sido admitido).
La decisión judicial declara la nulidad de todo el procedimiento de contratación debido a que el requisito de tener acreditada la gestión de al menos 20 autobuses propulsados a gas recogido en el pliego de condiciones es “innecesario e injustificado”. Concretamente, se refiere a ello como “una injustificada posición de ventaja” para Salamanca de Transportes, al tiempo que “vulnera los principios de libre competencia y de igualdad de trato”, tal y como explica el concejal Gabriel Risco.
En este sentido, para Ganemos, esta desigualdad de trato hacia las empresas y las personas es una constante en la forma de hacer política del equipo de Gobierno (PP). El grupo granate considera “escandaloso” el hecho de que el actual alcalde, antes concejal delegado de Contratación, Carlos García Carbayo, fuera el principal responsable de esta adjudicación ilegal en 2013, y por ello pide su dimisión.
La agrupación electoral, que defiende la remunicipalización del servicio de autobús, pero también el de recogida de residuos, asegura que “ahora es el momento para que la ciudad recupere lo que es suyo”. La anulación del contrato del bus urbano es para el grupo, por tanto, “una oportunidad para hacer posible un modelo de gestión sana y honesta”, dado que en otras ciudades la experiencia de la municipalización de servicios externalizados está desarrollándose con éxito, tal y como recuerda la portavoz de Ganemos, Virginia Carrera.
Para Ganemos Salamanca, convertir en municipal la gestión de este y otros servicios actualmente externalizados es la fórmula idónea para “erradicar el trato de favor, los juicios perdidos por el Ayuntamiento y los gastos que estos procesos generan para la ciudadanía” derivados de las políticas del PP y presentes también en el denominado ‘caso Aceinsa’, por el que la Justicia dictaminó la existencia de trato de favor a la empresa del mismo nombre, adjudicataria del contrato de alumbrado público.
El PP replicó diciendo que el chanchullo con el contrato del autobús «es un debate jurídico porque los mismos pliegos, que fueron avalados por el Tribunal Administrativo Regional de Recursos Contractuales (TARCCYL), fueron rechazados posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León».
