[dropcap]P[/dropcap]ara poder tranquilizar a los padres que angustiados se preguntaban qué sería de su hijo cuando ellos desaparecieran o fueran ancianos, se necesitaba una protección del discapacitado de por vida, especialmente cuando ellos o sus progenitores llegan a la tercera edad.
Esta protección se consiguió en España con la Ley de la Dependencia, considerada como el cuarto pilar del Estado de Bienestar, después de haber conseguido la sanidad universal, la educación gratuita desde los tres a los dieciséis años, y las pensiones, contributivas o no contributivas para todos los que llegan a la tercera edad. La ley de la Dependencia ha supuesto un antes y un después para los discapacitados y sus familiares.
El 30 de marzo de 2007 más de cien representantes de otros tantos gobiernos de todo el mundo se reunían en Nueva York, en la Asamblea de las Naciones Unidas. El motivo era encomiable, se iba a ratificar la convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este documento estaba considerado como el primer Código Universal de Derechos Humanos del siglo XXI.
Los derechos de los discapacitados fueron aprobados por una gran mayoría de los miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 102 votos a favor. Australia, Canadá, Estados Unidos, Israel y Japón votaron en contra.
Se acordó luchar contra las discriminaciones a los discapacitados y se homologó la palabra discapacidad como la única que definía la situación psíquica o física del sujeto. Seiscientos millones de personas discapacitadas en el mundo, tres y medio en España, se han visto reconocidas con estas resoluciones que honran a las Naciones Unidas.
La mayoría de los discapacitados que no tienen reconocidos estos derechos viven en países en vías de desarrollo. En los desarrollados, como es el caso de España, muchos de los objetivos acordados por las Naciones Unidas están superados desde hace tiempo, pero no debemos conformarnos, siempre hay muchas cosas que hacer.
Aunque en España han pasado los años en los que la discapacidad ha sido objeto de vergüenza, de lástima o de caridad, llegando las familias a esconder a los miembros afectos, todavía tenemos camino que recorrer para la plena integración y reconocimiento de los derechos de los discapacitados.
Los países firmantes de la declaración de las Naciones Unidas se comprometieron con la denominada Accesibilidad Universal. Es decir, el derecho al acceso a la educación, la sanidad, la cultura, el deporte, las tecnologías de la comunicación, el empleo y la participación política y social.
Coincidiendo en el tiempo con la aprobación de las Naciones Unidas, el Reino de España aprobó el 14 de diciembre de 2006 la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia. Con esta ley nos pusimos a la cabeza en el reconocimiento de los derechos de los dependientes. Así mismo, el Gobierno de España hizo compatible la percepción de la pensión no contributiva de invalidez con el trabajo. Con esta medida se intentaba incentivar la inserción laboral del discapacitado. También se suprimió la incompatibilidad de percepción de la pensión de orfandad en mayores de 18 años con la asignación económica por hijo a cargo.
Desde mediados de la primera década del siglo XXI hemos asistido a una cascada de aprobaciones de derechos para los discapacitados. Se eliminaron los obstáculos para el acceso de los tartamudos al empleo público y se crearon centros especiales de empleo para discapacitados psíquicos, con ayudas y bonificaciones a las empresas que emplean a estos trabajadores. Con estas medidas se intentó romper la brecha que existe entre desempleados discapacitados y capacitados. Aunque en estos momentos son muchos los españoles capacitados sin empleo, en proporción, son muchos más los discapacitados en paro, especialmente mujeres.
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