Buena parte de las decenas de miles de personas que se dieron cita ayer en Madrid convocados bajo el lema “La revuelta de la España vaciada” o procedían de Castilla y León o eran castellano-leoneses residentes en la comunidad madrileña, territorio que, junto a Cataluña y País Vasco, han sido los principales destinos, países del extranjero aparte, de los centenares de miles de habitantes que fueron abandonando esta tierra desde la segunda mitad del pasado siglo y, lo que es más lamentable, la han seguido abandonando durante la presente década.
Pero ese repunte estadístico enmascaraba una doble realidad estructural: el saldo vegetativo seguía siendo negativo y el aumento de censo tampoco se producía en las nueve provincias, ya que tres de ellas, Zamora, León y Palencia, siguieron perdiendo población en dicho periodo. Por otra parte, el fenómeno tenía un impacto básicamente urbano, en tanto que el medio rural continuaba despoblándose y envejeciéndose sin remisión. Así lo advirtió, en esa etapa de pleno crecimiento económico, la Estrategia de lucha contra la Despoblación aprobada por las Cortes de Castilla y León en octubre de 2005. Dicho documento, fruto de un intenso trabajo con participación de agentes sociales, Universidades, expertos y conocedores del medio rural (con lar organizaciones agrarias a la cabeza), constituyó un valioso diagnóstico que alertaba sobre el carácter estructural del problema.Entre la veintena de provincias que integran la llamada “España vaciada” figuran las nueve de Castilla y León, comunidad autónoma a la cabeza en términos relativos y absolutos del desplome demográfico reiniciado a partir de 2010. Entre 2000 y 2009, al abrigo del crecimiento económico sustentado en la burbuja inmobiliaria y el consiguiente auge del ladrillo, el censo de población de experimentó en esta comunidad un repunte, incrementándose en algo mas de 84.000 habitantes, buena parte de ellos inmigrantes extranjeros que cubrieron la mano de obra que no quería o no podía absorber la población autóctona.
Sin embargo, cinco años después el gobierno de Juan Vicente Herrera decidió arrojar a la papelera dicha Estrategia y sustituirla por la llamada Agenda para la Población promovida unilateralmente por la Consejería de la Presidencia creada tras las elecciones de 2007 a la medida de su titular desde entonces, José Antonio de Santiago-Juárez. En su presentación ante las Cortes, febrero de 2010, Herrera empezó negando que Castilla y León tuviera un problema de población, asegurando que lo de la despoblación era un “falso tópico instalado en el imaginario colectivo” (sic). Y un mes después, la Consejería de la Presidencia -no en vano bautizada aquí como factoría de ficción– organizó un seminario en el que la máxima autoridad invitada, la catedrática Anna Cabré y Pla, directora del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona, proclamó alto y claro que “ha pasado ya lo peor de la despoblación en Castilla y León”. Santa Lucía le habrá conservado la vista.
Lo que había quedado atrás era el espejismo del repunte demográfico de la primera década del siglo y lo que comenzaba era un desplome poblacional que arroja a estas alturas de la segunda década una pérdida acumulada de 154.357 habitantes, esto es, un censo superior al de toda la provincia de Segovia. En cuanto comenzó a constatarse el fracaso de su invento, el ínclito promotor de la Agenda de Población comenzó a argumentar que el problema demográfico no era exclusivo de Castilla y León y que había que promover una estrategia de Estado. Y tan pronto como tuvo ocasión, tras las elecciones autonómicas de 2015, se sacudió el problema y se lo endosó a la vicepresidenta Rosa Valdeón, a la que, eso sí, pese a ser a su vez la Portavoz de la Junta, no confió la preciada chequera mediática que con tanta discrecionalidad ha seguido y sigue administrando.
A todo esto lo de elevar el problema de la despoblación a cuestión de Estado fue asumido por el gobierno de Mariano Rajoy durante la Conferencia de Presidentes celebrada en el Senado en enero de 2017, en la que se comprometió a elaborar y presentar antes de que finalizara ese año la Estrategia nacional sobre el Reto Demográfico. ¿Y que pasó? Pues que el 1 de junio de 2018 Rajoy fue desalojado de La Moncloa sin que su gobierno hubiera cumplido dicho compromiso. Desaparecida en combate Valdeón, la gafada Agenda la heredó el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, quien ya es sabido que vale igual para un roto que para un descosido (en este caso un desgarrón imposible de cerrar). La incontinencia verbal de De Santiago-Juárez (ahora de nuevo Portavoz de la Junta, lo que nos garantiza grandes jueves en abril y mayo) le llevó a realizar unas declaraciones en las que relativizaba el problema de la despoblación, afirmando, sin cortarse un pelo, que a fin de cuentas los que nos quedamos en la comunidad, al ser menos, vivimos mejor. Solo le faltó reconocer que al PP le ido de maravilla con el éxodo al que se ha visto obligada la población más joven y dinámica. Que esa es la verdadera clave que explica la inacción de la Junta para afrontar el problema.
Lo más sangrante fue que un mes antes el PP tuvo la desfachatez de celebrar en Zamora una convención sectorial sobre Medio Rural y Reto Demográfico, en la que se dieron cita la comisaria nombrada para elaborar dicha Estrategia, una tal Edelmira Barreira, su jefa política, la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, y el propio Mariano Rajoy. Todos ellos acogidos sin el menor reproche por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, el del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la plana mayor del PP zamorano. (Zamora es la provincia de la comunidad en la que más ha caído la tasa de población en lo que va de siglo, un 14,2 por ciento de su censo, acumulando una pérdida de 28.920 habitantes).
Todo lo cual no ha sido óbice para que la nueva cabeza de lista del PP al Congreso por Valladolid, la ex ministra Isabel García Tejerina, titular de Agricultura en el gobierno que pasó de presentar la Estrategia frente al Reto Demográfico, acudiera ayer a la manifestación de Madrid (acompañada, para mayor inri, por el candidato al Senado Miguel Ángel Cortés, otro que debe andar consternado ante la sangría poblacional de Castilla y León).
Como tampoco fue cortapisa para que se sumara a la convocatoria la vicesecretaria regional del PP, hasta hoy procuradora y nueva cabeza de lista al Congreso por Zamora, Isabel Blanco, que, al igual que la ex ministra, lejos de la menor autocrítica, aprovechó para cargar contra el gobierno Sánchez, que el pasado viernes aprobaba las directrices básicas de la Estrategia contra la Despoblación que someterá a la Conferencia de Presidentes a celebrar tras las próximas elecciones autonómicas. Frente al comedimiento de otros políticos del PP que también se acercaron a Madrid, como los presidentes de las Diputaciones de las Diputaciones de Valladolid y Palencia, Jesús Julio Carnero y Ángeles Armisén, precisamente las que más motivos tenían para callar más se soltaron la lengua.
Ya se sabe que en campaña electoral vale casi todo, pero Tejerina, Blanco y otras abnegadas y abnegados candidatos deberían saber que conviene administrar la osadía con un mínimo de prudencia. Para su desgracia, el primero que está empezando a comprobarlo es Pablo Casado, quien en el pecado está llevando la penitencia.
