La investigación de la Guardia Civil sobre el caso Púnica implica por primera vez a la expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre, en unas reuniones junto a miembros de su Gobierno en las que se sospecha que acordaron adjudicar contratos públicos de forma irregular a una empresa de publicidad que trabajó para ellos en las campañas electorales de 2003 y 2007. El informe apunta en concreto a las sociedades del empresario Daniel Horacio Mercado, ya imputado en el caso por ser uno de los supuestos beneficiados de esta trama de corrupción.
La Guardia Civil sostiene que Aguirre utilizó “la publicidad institucional con el único objetivo de encumbrar la gestión de dirigentes autonómicos del PP regional al frente de las instituciones, todo ello sufragado con fondos públicos”, noticia que ha sido adelantada por ‘El País’. Para beneficiar a Mercado, el Ejecutivo de Aguirre habría modificado en 2006 varias leyes autonómicas con el objetivo de que cualquier adjudicación tuviese que pasar antes por las manos de la vicepresidencia, que en esos años ocupaba Ignacio González, también imputado en la causa.
El instituto armado no ha podido concretar las fechas en las que se celebraron estas reuniones para cambiar las leyes, pero sitúa en las mismas al empresario, a Aguirre, a González y a otros cuatro cargos del Ejecutivo: el exconsejero de Presidencia Francisco Granados, su exviceconsejero Alberto López Viejo, el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela y la que fuera responsable de Comunicación de la Comunidad, Isabel Gallego. Tanto Lamela como el propio Mercado habrían situado a Aguirre en estos encuentros en sus declaraciones ante las autoridades.
Según el propio empresario, Granados y González le indicaban a qué cargos de la Comunidad de Madrid debía dirigirse para conseguir estos contratos públicos, todo ello con el beneplácito de la expresidenta madrileña. Las sociedades de Mercado consiguieron así adjudicaciones por un valor que superaba los 7,4 millones de euros, sostiene la Guardia Civil.
Según concluye la UCO en su informe, «el análisis de la documentación detallada en el presente informe, ha puesto de manifiesto la utilización de publicidad institucional con fines propagandísticos por parte de la administración autonómica, con el único objetivo de encumbrar la gestión de dirigentes autonómicos del Partido Popular Regional al frente de las instituciones, todo ello sufragado con fondos públicos. Esta utilización partidaria del mensaje publicitario, ha omitido clara e intencionadamente, los fines que persigue la publicidad institucional, que debiera beneficiar y favorecer en mayor medida a los destinatarios del mensaje publicitario, cumplir objetivos de información al contribuyente y comunicar servicios a los ciudadanos».
