La Asociación de Hostelería de Empresarios de Hostelería de Salamanca celebra este martes, 30 de abril, elecciones a la presidencia. Una de las candidaturas, la liderada por Álvaro Juanes, solicita «amparo» por las irregularidades de ha sufrido para poder hacer llegar su programa a los asociados.
Juanes explica que le enviaron unos estatutos «que eran del 2001», vieron que podían estar un poco anticuados, solicitaron los estatutos registrados en la Junta de Castilla y León y comprobaron que había otros más actuales, los de 2013. «Las discrepancias sobre los estatutos que nos entregaron y los vigentes son de tal discrepancia que la candidatura que presentamos podría no haber sido válida por defecto de forma», explica Álvaro Juanes, candidato a la presidencia.
Algo parecido les ha ocurrido con el censo. Han tenido que recurrir a solicitarlo mediante burofax y así y todo el censo está «obsoleto». Juanes considera que esta maniobra solo tiene un fin, «favorecer a la candidatura que se ha presentado frente a la nuestra y cuya afinidad, por diversos intereses, es más próxima a la actual Junta Directiva».
Además, el listado de nombres, «sin validez» se los han entregado tarde, por lo que «impide que llevemos a cabo una campaña de información a los asociados con derecho a voto».
Por todo ello, solicitan a la Confederación de Empresarios de Salamanca -CES-, donde está la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, que tengan en consideración los actos de ha llevado a cabo la asociación, ya que desde el punto de vista de la candidatura que defiende Juanes, han estado encaminados a tratar de dificultar, en primer lugar, «la presencia en tiempo y forma de la candidatura y a trabar que demos a conocer a los asociados con derecho a voto el proyecto».
Solicitan a CES que intervenga y que requiera a la asociación a que cumpla con las directrices democráticas, «llegando su intervención, si fuera necesario, a exigir a la asociación a que suspenda el proceso electoral y haga una nueva convocatoria, con la advertencia de la posible nulidad del proceso y la prosperabilidad de una acción de impugnación del mismo ante los juzgados y tribunales competentes», concluyen.
