[dropcap]D[/dropcap]entro del marco de la conmemoración de los 40 años de la Constitución de 1978, las Cortes Generales –según la propuesta de la Asociación por la Excelencia de los Servicios Públicos, AESP—, acogieron la celebración de una Jornada con el título “La gran transformación de los servicios públicos: 40 años que cambiaron España (1978-2018)”. Un simposio que tras una serie de trabajos se publicó en marzo de 2019 como libro. A ese encuentro contribuyeron las presidencias del Congreso (apertura por Ana Pastor), y Senado (clausura de Pío García Escudero), y los coordinadores de la Jornada (Ramón Tamames y Ramiro Aurín, ambos de la AESP).
En definitiva, en el libro que comentamos, se resume la gran labor realizada en cuatro décadas de vida constitucional, para dotar a España de mejores infraestructuras y servicios públicos, a fin de lograr un desarrollo económico y social que ha llevado al país al más alto nivel de su Historia.
El mencionado 8 de octubre de 2018, en el Congreso de los Diputados, abrió la Jornada a que nos referimos la Presidenta Ana Pastor, con palabras que se transcriben:
Quiero expresar mi reconocimiento al director del Simposio, Don Ramón Tamames, cuya vida y obra en el campo de la política, del pensamiento, de la universidad y de la academia, no podrían desligarse de esa historia a la que, precisamente, nos remiten estas celebraciones por nuestra Carta Magna: una historia de anhelos y de luchas en favor de la democracia.
El 40 aniversario de nuestra Constitución es una ocasión para hacer balance de todo lo que hemos conseguido en estos años de libertad y de progreso. Se trata de un balance a todas luces positivo, que nos exige mantener la vigencia del espíritu de entendimiento, de solidaridad y de convivencia que hizo posible nuestra Transición a la democracia.
Por mi parte, al abrirse la Jornada del 8 de octubre en el Congreso de los Diputados, dejé claro que no diremos como Pangloss –del Candide en Voltaire—, que hoy, después de 40 años de Constitución, “vivimos en el mejor de los mundos posibles”. No se trata de eso: hemos mejorado mucho, pero todavía queda mucho por hacer; y no es cuestión de pensar que ya hemos alcanzado un nivel en el que podemos situarnos tranquilamente de manera indefinida. Tenemos problemas territoriales, fiscales y sociales, y la mejora en los servicios públicos ha de ser continua; con la innovación, permanente, la aplicación de las nuevas tecnologías, etc.
En el sentido apuntado, la Jornada del 8 de octubre en el Congreso de los Diputados fue una síntesis de ocho ponencias, desarrolladas tras las citadas intervenciones de apertura del simposio (Ana Pastor, Ramón Tamames y Ramiro Aurín). De las ocho ponencias, un primer bloque centrado en el mejor funcionamiento de todo un sistema económico dinámico y flexible, con sectores e infraestructuras, que a continuación se sintetizan:
Ángel Simón, Presidente de Aguas de Barcelona, Agbar, explicó que la población crece y se concentra en grandes urbes, un movimiento demográfico cada vez más evidente, que demanda cada vez más recursos y, por tanto, más agua. Debiendo anotarse que las previsiones apuntan a que en 2050 el 66 por 100 de los 10.000 millones de seres humanos que entonces habitarán el planeta, vivirán en grandes ciudades.
Para el año 2030, la demanda del agua y los alimentos aumentará un 50 por 100. Ello obligará a llevar a cabo una gestión diferente de los recursos.
Es lo que se llama el trinomio agua–alimentación–energía, elementos que representan los vértices de un triángulo indisociable para la vida y el desarrollo humano, en el que hay sinergias, pero donde también se van agravando cada vez más las tensiones, por lo que su gestión eficiente tendrá un papel determinante en la agenda internacional de desarrollo sostenible.
Ignacio S. Galán, Presidente de Iberdrola, se ocupó de energía. Manifestando que la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en proceso de elaboración, podrán establecer objetivos claros y ambiciosos, una planificación energética coherente y mecanismos regulatorios que garanticen, del modo más eficiente, que se cumplan las previsiones del Acuerdo de París de 2015.
Sólo así será posible atajar las consecuencias que el calentamiento global tendría en nuestro territorio, y que van desde fenómenos meteorológicos extremos hasta movimientos migratorios.
Por otra parte, la transición energética hacia un sistema más sostenible permitirá en España obtener importantes ventajas para nuestra sociedad:
- En primer lugar, la mejora de la calidad del aire evitará muchas muertes prematuras y hará posible un coste sanitario más ajustado.
- Asimismo, se impulsará la revitalización de la industria sostenible y la creación de empleo.
- Al tiempo, se profundizará en el proceso de reducción de nuestra dependencia energética, a través de una mayor participación de las energías eólica y solar, y se reforzará la seguridad del suministro y mejorará nuestra balanza de pagos.
- Finalmente, la entrada masiva de energías renovables permitirá una reducción sustancial y estructural del nivel precio de la electricidad y de su volatilidad.
Julián Núñez, Presidente de SEOPAN, puso de relieve que la realización de las infraestructuras pendientes es clave para nuestro desarrollo económico y modelo de bienestar. Por ello, su priorización y financiación debe ser cuestión de Estado, al no poder seguir eludiendo los compromisos de modernización y mantenimiento.
Constituye una prioridad adaptar a nuestra realidad económica actual un nuevo modelo de financiación, pues el actual, basado fundamentalmente en los presupuestos públicos, si bien ha producido importantes logros durante los últimos cuarenta años, es hoy insuficiente para atender las necesidades que nuestra sociedad demanda.
Los recursos presupuestarios proporcionados con los impuestos de los ciudadanos deben asignarse a aquellas infraestructuras en las que por razones de interés público no se deba trasladar la carga de su financiación a los usuarios, como nuestros equipamientos públicos básicos. Pero para la mayor parte del resto de infraestructuras, la carga de su realización, conservación y mantenimiento debe trasladarse, total o parcialmente, a los usuarios que de forma directa se beneficien de la misma.
La experiencia de estos cuarenta años demuestra que nuestra sociedad tiene la capacidad y pujanza necesarias para enfrentar con éxito los mayores retos.
Finalmente en esta entrega de hoy, nos referimos a la intervención de Pedro Saura, Secretario de Estado de Infraestructuras, Vivienda y Transporte, quien se ocupó de los esfuerzos en Fomento para dar racionalidad a la gestión. Con dos metas a priorizar. En primer lugar está la movilidad, esto es, poner el foco en el transporte, que debe ser un derecho para los ciudadanos. En segundo término se sitúa el objetivo de seguridad, entendida como la inversión en conservación y mantenimiento de las infraestructuras. Superado el déficit de España respecto a la media de la UE en stock y calidad.
Con las cuatro referencias hechas sobre temas de infraestructuras, terminamos la primera parte de este artículo, por lo que dedicaremos la segunda a las cuestiones más relacionadas con el estado de bienestar. Y ya anunciamos que en esa segunda parte, tendremos un dictamen sobre el propio libro Cuarenta años que cambiaron España, a cargo del Doctor en Ciencias Económicas Christian Careaga.
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