[dropcap]Q[/dropcap]ue este país es poco serio es un hecho que se expresa de múltiples formas, unas más alegres y joviales, otras no tanto. Además no es un mal reciente, sino casi una constante histórica de nuestro devenir.
Fue poco serio, más bien trágico, que soportáramos un régimen fascista durante cuarenta años, después de la derrota de esa ideología criminal en Europa.
Una anomalía que duró cuarenta años. Se ve que a Europa le daba igual.
Es poco serio que ahora, más allá de las alharacas triunfalistas con que frecuentemente nos atufan, tengamos que hacer un sobreesfuerzo de propaganda institucional para defender en el exterior el buen nombre de nuestro régimen (no confundir régimen con país), al tiempo que damos por bueno o nos resulta indiferente que haya cloacas en el Estado que socavan los pilares de la democracia, mafia policial incluida. O que al rey emérito, campeón de la democracia, no se le pueda investigar y/o juzgar por casos de corrupción. O que del juez que ahora juzga el procés (el juez Marchena), Cosidó, senador del PP, afirmara sin inmutarse que se le «toca por detrás», como si este toqueteo del poder judicial fuese la cosa más normal del mundo.
Y no pasa nada, más allá de que la falta de seriedad que todo esto trasluce es absoluta.
Fue poco seria también la llamada “amnistía fiscal” en un país que afirma que respeta la igualdad de todos ante la Ley. Ya vemos que no.
Y fue poco serio que Zapatero cambiara la Constitución (artículo 135) sin consultar al pueblo. En democracia, los asuntos trascendentales como este se consultan a los ciudadanos.
Es poco serio igualmente que seamos campeones en las cifras del paro (otra constante) y que nuestro Estado del bienestar sea paupérrimo en comparación con otros países de nuestro entorno, al tiempo que los bancos rescatados de la estafa (su estafa) con dinero público que no han devuelto, multiplican sus beneficios sin parar.
Es poco serio que en las cifras de Transparencia internacional estemos por detrás de Eslovenia, Lituania, o Chipre (cifras de 2018) en el ranking de países.
A veces nuestra poca seriedad adquiere un aspecto cómico e hilarante, como ocurre ahora con la Ley que establece la obligación de registrar las horas de trabajo.
Así, la ministra del ramo, Magdalena Valerio, parece respaldar nuestra opinión y afirma compungida que «nadie se ha tomado en serio» la entrada en vigor de la Ley que obliga al registro de la jornada trabajada. Empezando por la propia Administración, decimos nosotros.
No obstante lo cual, la Administración dará un margen de maduración para que la Ley, que ya ha entrado en vigor, entre en vigor de verdad, a la espera de que la seriedad en los comportamientos llegue un día o un año de estos.
Reconoce la ministra que en nuestro país se están haciendo a la semana más de tres millones de horas que no se cobran ni cotizan. Esto, como ustedes comprenderán, es poco serio, bananero, o si me apuran en el uso correcto del lenguaje, esclavista.
En la misma noticia de prensa (de 13 de mayo), la ministra avisaba que se estaba a la espera de una sentencia inminente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que le va a marcar a España las directrices para que establezca un registro de jornada. Al parecer, nuestra normativa anterior iba en contra de las directivas comunitarias.
Una de las múltiples ventajas de estar en Europa, es que la justicia europea (aunque no siempre obra con la misma firmeza) está sacando a la luz la escasa seriedad de nuestro país en esta y otras materias.
Con fecha 14 de mayo se puede leer ya otra noticia en prensa que reza: “La justicia europea ratifica que España ha de tener registro diario de la jornada”. Y en el desarrollo de la noticia puede leerse que la sentencia, que resuelve una cuestión prejudicial, afirma que sin un sistema de este tipo “no es posible determinar objetivamente y de manera fiable el número de horas de trabajo efectuadas por el trabajador ni su distribución en el tiempo, como tampoco el número de horas realizadas por encima de la jornada ordinaria que puedan considerarse horas extraordinarias”.
La sentencia también establece que los estados “deben imponer a los empresarios la obligación de implantar un sistema objetivo, fiable y accesible que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador”.
Confieso que no he tenido tiempo de leerme el texto de la Ley, pero la pregunta que surge inmediatamente en el revuelo de esta polémica es:
La Administración española que “ahora” (tras el empujón de Europa) se muestra exigente ante este ejercicio de transparencia y conmina por Ley a las empresas al registro de la jornada efectuada por los trabajadores ¿Tendrá esa exigencia consigo mismo como empresa pública?
Y es que la reflexión que cabe hacer es la siguiente:
Desde el giro neoliberal de los años ochenta, en gran medida protagonizado en nuestro país por el PSOE de Felipe González, la empresa pública, como aprendiz de las peores artes de la empresa privada, ha vivido en gran medida y ha abusado del maltrato y explotación de sus trabajadores. Fue a partir de aquel giro involutivo que se empezaron a aplicar contratos a tiempo parcial y otras fórmulas de trabajo basura a sanitarios y otros trabajadores públicos en una deriva imparable de precarización, que hizo del sector público un exponente claro del precariado laboral.
Esa deriva ha acabado, por ejemplo, en que nuestra Administración pública cause escándalo y perplejidad en Europa por el abuso de la temporalidad laboral en el sector público, hasta el punto de que la justicia europea trata ahora de resolver un gran embrollo legal, pues ese lío deriva de un abuso que ha durado décadas sin que sindicatos ni otros agentes vigilantes pudieran o mostraran deseo de evitarlo.
Ha sido la justicia europea la que está poniendo al descubierto el fraude de Ley del que han sido víctimas los interinos españoles del sector público, y ante la extensión y lo prolongado de ese maltrato laboral, tiene ahora difícil decidir cual es la formula adecuada para compensar a los trabajadores abusados y penalizar a la Administración abusadora.
Siendo este el escenario laboral en el sector público, sería incomprensible y sumamente injusto que los sistemas de registro de la jornada trabajada (sistemas que han de ser fiables) no se aplicaran en este sector, donde las irregularidades y el maltrato laboral campan desde hace décadas a sus anchas.
Por ejemplo: ¿No será necesario o incluso urgente aplicar estos sistemas de registro de la jornada (y su distribución) en la atención primaria del SESCAM donde hay trabajadores sanitarios de urgencias que trabajan 48 y 65 horas seguidas?
O con una perspectiva más amplia:
¿No serán imprescindibles estos sistemas de registro en un sector dónde el cumplimiento de las jornadas debe ser exigido y verificado como requisito de la buena gestión de lo público?
Esperemos que nuestra Administración y nuestros sindicatos estén a la altura y prediquen con el ejemplo.
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