Los ‘populares’ explican que continúan trabajando y avanzando en las propuestas, y los socialistas prefieren esperar y guardan silencio
ICAL. La ‘novia’ que PP y PSOE quieren para llegar de su mano a la Junta de Castilla y León tensa las negociaciones. El candidato de Ciudadanos a la Presidencia, Francisco Igea, advirtió este sábado que tiene «serias dudas sobre la voluntad real del PP para admitir el cambio y la regeneración», una vez que los populares todavía no han respondido a Ciudadanos sobre la exigencia «con carácter inmediato» de limitación de mandatos a dos legislaturas de todos los altos cargos.
Lo ha afirmado en una misiva que remitió al candidato a la Presidencia del PSCyL, Luis Tudanca, en respuesta a la que él mismo le envió este viernes, y en la que incide en que esta limitación de mandatos «es esencial» para conseguir dos objetivos «irrenunciables» en su política de regeneración: «romper las redes clientelares que se generan durante prolongados periodos de poder, y evitar que el objetivo en política sea antes la permanencia que la realización de políticas novedosas en beneficio de la ciudadanía».
No obstante, al PSOE le aclara que comparte con él «la idea de la voluntad de un cambio real en las políticas de nuestra Comunidad expresada por los votantes en las urnas el pasado 26 de mayo», pero le recuerda que mantiene «serias discrepancias» sobre la defensa de la unidad de España. En todo caso, abre la puerta al diálogo, siempre y cuando el PP decline sus propuestas de regeneración, para lo que trasladó la «amable carta» de Tudanca al grupo negociador de Ciudadanos para estudiar «el establecimiento de posibles vías de negociación». Esta posibilidad, precisa, deberá contar con el aval de la Dirección Nacional de Ciudadanos.
En estos momentos, la pelota se encuentra en manos de los ‘populares’, que siguen siendo la vía preferente de Ciudadanos para llegar a un acuerdo de gobernabilidad. No obstante, y debido a que desde el viernes la formación naranja no ha recibido respuesta, a Igea le surgen estas «serias dudas», porque «cuando un partido coloca las ambiciones personales de sus cargos sobre las necesidades de sus ciudadanos está dando muestras de una escasa voluntad de cambio».
Desde el PP explican a Ical que su posición no ha cambiado respecto a lo indicado el viernes por Carlos Fernández Carriedo, uno de los integrantes del grupo negociador del PPCyL. Siguen trabajando y avanzando en diferentes aspectos, como pone de manifiesto el acuerdo alcanzado para la eliminación de los aforamientos por medio de la reforma del Estatuto de Autonomía, y otros sobre creación de empleo y la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Es más, destacan que hay clima y actitud positivos, y valoran ser el socio preferente en las negociaciones. Añaden que cuando haya un acuerdo informarán de ello y que darán pasos discretos.
Mientras, desde el PSCyL, que no dan la batalla por perdida, prefieren esperar y guardar silencio. Respetan la estrategia de Cs, pero instan a los liberales iniciar los contactos ante la «absoluta legitimidad» con la que estiman que cuentan por haber obtenido el respaldo mayoritario de los castellanos y leoneses en las urnas, según la misiva que firma Tudanca.
Serias discrepancias
A Tudanca le aclara que comparte con él «la idea de la voluntad de un cambio real en las políticas de nuestra Comunidad expresada por los votantes en las urnas el pasado 26 de mayo», pero le recuerda que Cs mantiene «serias discrepancias» con el PSOE en cuanto «a la necesidad de una política más firme en defensa de la legalidad constitucional frente a los ataques de quienes desprecian e ignoran el marco constitucional».
En este sentido, Igea explica que esta «amenaza» también atañe a los intereses de Castilla y León, porque pone en duda la existencia de los derechos y libertades de todos, así como la sostenibilidad del Estado del Bienestar. «Un Estado en el que se fragmentase la caja común y las políticas fiscales fueran desiguales; un Estado en el que no se respetase el marco jurídico constitucional aduciendo un inexistente derecho de autodeterminación; un Estado en el que los políticos que se saltan la ley resultasen impunes por el mero hecho de necesitar sus votos, se convertiría en un Estado que no respetaría los derechos de los ciudadanos más débiles de nuestra comunidad».
De hecho, le precisa, este fue uno de los motivos por los que la Ejecutiva Nacional acordó estudiar acuerdos de forma preferente con el Partido Popular con quien también comparten más espacio en política económica.
