El paquete de regeneración gira sobre la supresión de los aforamientos y la limitación de mandatos a ocho años
ICAL. Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea suscribieron este viernes un acuerdo de gobernabilidad para esta X Legislatura, que contempla 100 medidas, entre las que destaca el paquete de regeneración que gira sobre la supresión de los aforamientos y la limitación de mandatos a ocho años en las instituciones autonómica y locales, si bien está condicionado al pacto sobre la estructura y reparto de consejerías.
Fernández Mañueco e Igea comparecieron juntos en el Salón de Recepciones de las Cortes de Castilla y León para solemnizar un acuerdo, en presencia de cargos de ambos partidos, y poco antes de la constitución de la Cámara autonómica, cuya presidencia recae en Luis Fuentes (Cs).
Los dos dirigentes reconocieron que este es un paso para avanzar en una estructura de Gobierno conjunto, en los próximos días, que desemboque en la posible investidura del candidato ‘popular’ a la Junta de Castilla y León y otorgue a Ciudadanos la vicepresidencia, como figura en el acuerdo, aunque Igea, preguntado expresamente sobre ello, afirmó que no está «ni decidido ni pensado».
Igea enmarcó el acuerdo en el cambio, prometido por su partido en la campaña electoral, y subrayó que éste no es de personas, sino de las políticas que a partir de ahora se ejecuten, «si finalmente se llega a la investidura». El dirigente naranja sostuvo que son cien medidas para «mejorar» la vida de la gente y confió en que se visualice que lo propuesto por su partido «se hace realidad».
«Espero que los hechos sucedan a los comentarios, las especulaciones, las opiniones y las criticas; es el tiempo de ver si somos capaces de hacer lo que se ha propuesto», arguyó en relación a la negociación con el Partido Popular.
Fernández Mañueco calificó de «paso vital y fundamental» la firma de este acuerdo para la gobernabilidad de la Comunidad y en el compromiso de formar un Gobierno centrado, que enmarcó en la pluralidad expresada en las urnas que no dio la mayoría a ningún partido político y requiere un esfuerzo de acuerdo y diálogo, aunque consideró que existe una mayoría moderada.
«Es un buen acuerdo», valoró el candidato ‘popular’, quien reconoció que es un paso para la configuración de un Gobierno conjunto, aunque añadió también que está pendiente la estructura de este Ejecutivo, sobre la que ni él ni Igea se pronunciaron, en relación al reparto de consejerías, porque es algo a hablar y negociar en los próximos días.
Fernández Mañueco no pronunció en ningún momento la palabra cambio y el cambio de las políticas realizadas hasta ahora, remarcadas en la intervención de Igea, sino que habló de «hacer mejor las cosas» y de ser «ambiciosos», a la vez que expresó la necesidad de entendimiento y tendió la mano a otras fuerzas políticas.
Regeneración
Entre las 18 medidas de regeneración, en las que más insiste Ciudadanos para que se visualice el cambio, figuran la limitación, con carácter general, de mandatos a ocho años de alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes y presidentes de diputaciones en los que se suscriban acuerdos de gobernabilidad conjunta.
También la reforma urgente del Estatuto de Autonomía para suprimir los aforamientos tanto de los procuradores como de los miembros de la Junta, el reforzamiento y protección de los informantes sobre delitos contra la Administración, la constitución de una comisión paritaria para analizar el funcionamiento del sector público o la restricción de los puestos de libre designación.
Otra de las medidas señala que no podrán ser nombrados como titulares de una consejería, una viceconsejería, una secretaria general o una dirección general o una delegación territorial de la Junta quienes ya lo hubieran sido durante ocho años, si bien las excepciones a este acuerdo no serán aplicables a los consejeros.
Igualmente, se impulsarán medidas para garantizar y mejorar el Plan de Medios de la Junta en el que se eliminarán subvenciones o contratos con accionistas, directivos o altos cargos que hayan sido condenados en firme por corrupción. También prevén los firmantes endurecer el Código Ético y de Austeridad de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad.
Política Fiscal
Se fijará una fiscalidad favorable al mundo rural de Castilla y León, a través de bonificaciones y deducciones del IRPF, especialmente para aquellos que residan en municipios de menos de 5.000 habitantes. Además, se bonificará en el 99 por ciento el Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre familiares directos, lo que supondrá en la práctica su eliminación.
En empleo se dará prioridad específica al empleo y emancipación de los jóvenes con un aumento de la subvención para el emprendimiento y su contratación indefinida, se extenderá la tarifa plana para nuevos autónomos o se impulsará un pacto autonómico por la ciencia.
Servicios públicos
Se compromete en el acuerdo la reducción de todas las listas públicas de Sacyl y se realizará una auditoría y se procederá a la publicación de las listas de espera estructurales y no estructurales, donde se indica que la «alteración voluntaria» de los datos contenidos «tendrá una consideración grave». Otra de las medidas es promover la libre elección de hospital de modo progresivo, impulsar un portal de transparencia o aumentar de modo progresivo el gasto destinado a la Atención Primaria para llegar a un 20 por ciento.
También se recoge que se estudiarán las vías de reversión de la concesión del HUBU, siempre que no suponga un coste adicional para las arcas de la Comunidad, y para ello se creará un grupo de trabajo en el que participen Junta, Cortes y la entidad concesionaria.
En educación se avanzará en la universalización de la educación (o atención) infantil de 0 a 3 años, se garantizará el compromiso con la escuela rural y se incrementará el presupuesto destinado a las universidades en al menos un diez por ciento de manera progresiva a lo largo de la legislatura.
Comprometen la aprobación, en el ámbito de sus competencias, de una Ley de Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso de Morir. (Ley de Muerte Digna), un proyecto de Ley del Tercer Sector en Castilla y León y un proyecto de Ley de Derechos y de Garantías de continuidad de cuidados y de atención a las personas con discapacidad a lo largo de su ciclo vital.
Igualmente, se compromete un Plan de Apoyo a las Familias, con medidas relacionadas con la maternidad y la paternidad, así como con acciones específicas para las familias numerosas o para las que cuidan a personas dependientes.
Para la lucha contra la despoblación, se plantea la creación de un grupo de trabajo de expertos independientes nombrados por las Cortes para que elaboren un diagnóstico y emitan en un año un informe de propuestas de actuación. También habrá una evaluación del Plan de Desarrollo Rural, se desarrollará una Estrategia Regional para la Economía Circular.
