Partido Popular y Ciudadanos registraron este viernes en las Cortes de Castilla y León una reforma exprés del Estatuto de Autonomía para eliminar los aforamientos, tanto de los procuradores, como de los miembros del Ejecutivo regional. La iniciativa, que podría tramitarse por lectura única a partir de septiembre y que requiere una mayoría de dos tercios de las Cortes, se espera que pueda remitirse al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva antes de finales de año.
Con este iniciativa, según explicaron tanto la portavoz del Grupo Ciudadanos, Carlota Amigo, como el portavoz ‘popular’, Raúl de la Hoz, se da cumplimiento al segundo punto del acuerdo de gobierno entre Cs y PP. En este sentido, Amigo resaltó que esta medida es uno de los pilares del acuerdo en favor de la regeneración democrática y la transparencia.
Ambos portavoces también lamentaron que el PSOE no se sume a la iniciativa y argumentaron que el Grupo Socialista planteaba una reforma más amplia del Estatuto de Autonomía que incluía el blindar un suelo de gasto social. En este sentido, ni Amigo ni De la Hoz rechazaron abordar esta reforma, pero indicaron que se trata de un asunto que se deben analizar con sosiego y que en el caso de incluirse junto a la supresión de los aforamientos ralentizaría la tramitación.
No obstante, De la Hoz fue muy crítico con la posición del PSCyL y lamentó que desde el inicio de la legislatura el Grupo Socialista ha estado instalados en la “radicalidad absoluta y en el insulto permanente” hacia Ciudadanos y el Partido Popular. “Yo lo que espero es que se serenen y que piensen en que su responsabilidad es también la de construir Castilla y León y no sólo la de intentar destruir el gobierno de coalición, por lo que confió en que maduren y voten a favor de la iniciativa”, sentenció De la Hoz.
Por su parte, Amigo explicó que todos los partidos que integran el Grupo Mixto -Podemos, UPL, Vox y Por Ávila- conocen la iniciativa y la respaldan, a la vez que argumentó la necesidad de separar esta reforma de la planteada por el PSCyL sobre el gasto social. “En el caso de los aforamientos todos estamos de acuerdo, por lo que se trata de acabar cuanto antes con este privilegio de la clase política”.
Con esta reforma, Castilla y León se suma a iniciativas similares que ya han puesto en marcha otras comunidades autónomas como Canarias, Baleares, Murcia o Cantabria, o más recientemente Andalucía, donde, según explicó De la Hoz, la iniciativa presentada es similar a la de Castilla y León.