El responsable del sector autonómico de Administración General de la Junta en CSIF Castilla y León, Mariano Prieto, recalcó la “imperiosa y urgente revisión del Decreto de Regulación del operativo anti-incendios y del sistema de guardias”, tras la comparecencia este miércoles en las Cortes del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para exponer el programa de actuaciones de su departamento en la actual legislatura.
A su juicio, este cambio de normativa debe adaptase a las actuales circunstancias sociolaborales del personal y de las condiciones del combustible existente en el monte, puesto que “nada tienen que ver con las existentes en 2004, fecha del decreto actual vigente, que tampoco está adaptado a la normativa estatal del Sistema Nacional de Protección Civil”.
En un comunicado recogido por Ical, desde CSIF reclaman que las mejoras deben pasar por cubrir las plazas vacantes de personal del operativo, puesto que es muy complicado llevar adelante todo el funcionamiento del servicio si no se dispone de los medios humanos necesarios, incluyendo un mínimo de agentes medioambientales, celadores de medio ambiente, conductores, ingenieros de montes o ingenieros técnicos forestales, imprescindibles para afrontar y dirigir con garantías la extinción de los incendios.
Asimismo, se pide la integración y coordinación real del Operativo desde el Centro de Emergencias 112 Castilla y León, al igual que ocurre en otras autonomías como la de Madrid. Por ello, reclaman un operativo que esté disponible todos los días del año, las 24 horas de cada día, y que sea totalmente público, rechazando así privatizaciones en el servicio.
La mejora del operativo tiene que pasar, también, según CSIF, por el establecimiento de un número de guardias específicos para la creación de las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales, BIIF, que se determinen en cada provincia de la Comunidad, de forma acorde a la siniestralidad. El 7 de febrero de 2018, por una moción presentada por Ciudadanos el Pleno de las Cortes de Castilla y León, se acordó instar a la Junta a mejorar la investigación de las causas de los incendios, con la creación de esas brigadas de investigación, compuestas por agentes medioambientales y forestales con dedicación exclusiva.
Otra de las propuestas a la Administración regional para la mejora de las condiciones del personal del operativo es la creación y reconocimiento de la categoría de bombero forestal, que permitirá combinar y atender trabajos de extinción, prevención o limpieza de montes, según las necesidades, y durante todo el año. Esta petición ya se planteó a los distintos grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León a lo largo del año 2016. Se exige un periodo mínimo de trabajo de seis meses para estos trabajadores fijos discontinuos, con el objetivo de ir aumentando ese periodo de contrato hasta alcanzar los 12 meses del año.
