Los sindicatos CCOO, CSIF y UGT anunciaron este miércoles un calendario de movilizaciones, que concluiría con una huelga general a primeros de noviembre, si la Junta de Castilla y León “no recapacita” y cumple el acuerdo del pasado mes de mayo para la aplicación de las 35 horas en la Administración de la Comunidad a partir del 1 de enero de 2020.
Así lo avanzaron Raquel Fernández (CSIF), Ana Rosa Arribas (CCOO) y Julio César Martín (UGT) durante una rueda de prensa en la que calificaron de “tensa” la reunión mantenida el martes con la Junta y desvelaron que el consejero de la Presidencia, Ángel Ibañez, deslizó que no se sienten vinculados con el acuerdo de mayo por lo que los agentes sociales reconocieron estar “defraudados” con el nuevo Ejecutivo bipartito.
Los sindicatos plantearon a la Junta mantener el horario estival de 35 horas, iniciado en algunas áreas, entre ellas educación, y en los servicios de oficinas, y no volver el 1 de octubre a las 37,5, que se aplican desde el año 2012 con la crisis, así como elaborar la normativa para que el 1 de enero los más de 80.000 empleados públicos puedan contar con la nueva jornada, si bien el Ejecutivo ha pedido 48 horas para dar una respuesta, por lo que hay convocada una reunión de ambas partes mañana jueves por la tarde.
Los dirigentes sindicales explicaron que ya han registrado los preavisos para las movilizaciones, que comenzarán el 3 de octubre con una petición de reunión a los delegados territoriales y concentraciones a las puertas de las sedes de la Junta en las provincias, el 17 de octubre será regional y el 25 un paro de 2,5 horas en los centros de trabajo. Así, en caso de que la respuesta no sea afirmativa, se llegaría a la huelga general, el 6 de noviembre, en la Administración autonómica.
Fernández, Arribas y Martín rechazaron los argumentos de su coste -entre 100 y 120 millones como manifestó el vicepresidente, Francisco Igea, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno- porque el 21 de mayo se firmó con una memoria económica y la Junta cumplía con las condiciones de déficit y regla de gasto para volver a la jornada de las 35 horas.
Tampoco, aceptaron que la aplicación de las 35 horas en el sector sanitario suponga 100.000 consultas más en lista de espera, momento en que Ana Rosa Arribas, según explicó en la rueda de prensa, se dirigió a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, para preguntarla por qué no se ha reducido la lista de espera cuando desde 2012 la jornada es de 37,5 horas, a lo que afirmó que no hubo respuesta.
“Se inventan datos económicos que no concretan”, indicaron en relación al impacto económico al que se refiere la Junta, que los tres intervinientes indicaron que no saben “de dónde los sacan” porque no se lo han explicado en la reunión mantenida ayer y confían en que lo hagan mañana por la tarde, cuando están convocado de nuevo.
Además, advirtieron de que el 21 de mayo se concretaron unos compromisos, firmados en 2015, y que no se trata de negociar, sino de aplicar lo que ambas partes dejaron por escrito. “Hay que cumplir el acuerdo”, remarcaron los tres dirigentes sindicales. Por ello, rechazaron que la Junta se plantee un calendario progresivo y que sea efectivo en su totalidad al final de la legislatura, ya que no están dispuestos a esperar otros cuatro años.
También, recordaron que en 2012 elaboraron en 15 días el decreto para elevar la jornada en 2,5 horas, hasta las 37,5 horas, y ahora “no hayan sido capaces” de hacerlo en los tres meses de gobierno. Por último, indicaron que hay calendarios -como en las escuelas infantiles- y sería “un grave problema” volver a las 37,5 horas el 1 de octubre. “Nos sentimos defraudados”, confesaron, tras subrayar que PP y Cs llevaron en sus programas las 35 horas.
