Este jueves comenzaron las movilizaciones para protestar por el incumplimiento por parte de la Junta de Castilla y León del acuerdo suscrito en mayo con los sindicatos para implantar la jornada semanal de 35 horas, frente a las 37,5 horas en vigor desde que empezaron los recortes, en 2012.
Decenas de sindicalistas y funcionarios se concentraron en la explanada de la sede de la delegación de la Junta en Salamanca, donde los representantes de los sindicatos mayoritarios tacharon a los responsables de la Junta de ser unos «auténticos mentirosos» y de haber perpetrado «un robo manifiesto» y un «engaño» a los funcionarios.
Tras firmar el acuerdo a seis días de las elecciones autonómicas de mayo, el PP con Mañueco ya como presidente, ha decidido incumplir el pacto firmado alegando inicialmente problemas de falta de dinero y, una vez que llegaron los millones que debía el Gobierno central, de calidad asistencial.
CSIF, UGT y CCOO entienden que sí hay dinero, como pone de manifiesto que el nuevo Ejecutivo regional ha aumentado un 12% el número altos cargos con sueldos en ocasiones de más de 80.000 y 90.000 euros brutos al año, más directores generales (igualmente con sueldos espléndidos), más asesores y hasta más consejerías que en el anterior gobierno regional.
Ahora «se trata de aplazar lo inaplazable, disfrazándolo de excusas como la falta de profesionales o el elevado coste que supondría» reducir la jornada laboral a los funcionarios.
Los sindicatos, además de reclamar lo que la Junta se comprometió en vísperas de las elecciones (hay 80.000 funcionarios regionales, con sus correspondientes familiares), resaltan que volver a las 35 horas semanales conlleva «beneficios como la creación de empleo», que cifran en 3.000 en el conjunto de la región, «con la consiguiente aportación a las arcas públicas, el asentamiento de la población en una comunidad tan necesitada de cotizantes, que no tendrá que buscar trabajo en potras comunidades, conciliación de la vida laboral y familiar y, la más importante, la mejora de la calidad de los servicios públicos», para los pacientes en la sanidad, y los escolares en los centros educativos.
Concluyen que «resulta incomprensible que un gobierno que está empezando lo haga incumpliendo acuerdos que su mismo partido firmó y su socio de gobierno lo llevaba en el programa».
Las movilizaciones seguirán el día 17 con una concentración general en Valladolid, con una huelga desde las 12 del mediodía y hasta las tres de la tarde 15 del 25 de octubre, y si todo sigue igual, con un paro general de 24 horas el 6 de noviembre, en vísperas de las elecciones generales.
