[dropcap]L[/dropcap]a convocatoria de las nuevas elecciones generales ha sacado de su zona de confort del Colegio de la Asunción (edificio que se está quedando pequeño para albergar tanto nuevo asesor) al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien hasta ahora permanecía dedicado básicamente a restañar las heridas electorales de su partido a base del bálsamo de los nombramientos oficiales.
Al comienzo de la pasada Legislatura -a la postre completamente fallida- Juan Vicente Herrera propuso a las demás fuerzas políticas la negociación de cuatro “pactos de comunidad” que conformaban una hoja de ruta a seguir. Se trataba de mantener una posición común ante la reforma de la financiación autonómica, acometer una reforma del Estatuto de Autonomía, consensuar la Ordenación Territorial y alcanzar un pacto para la reindustrialización del territorio. Al final, ya muy tardíamente, se firmó este último pacto, cuya aplicación sigue prácticamente inédita. También hubo acuerdo sobre la financiación, pero dio igual porque la reforma del sistema ha seguido y seguirá aparcada hasta que no haya un nuevo Gobierno que la ponga sobre la mesa. Además de ponerse a conceder entrevistas al por mayor de las que no se suele sacar nada en limpio, Fernández Mañueco mantenía la pasada semana una ronda de entrevistas con los portavoces parlamentarios, iniciativa que, aparte del correspondiente álbum de fotos, solo ha servido para constatar la inexistencia de una hoja de ruta común para afrontar los grandes problemas que aquejan a Castilla y León.
Mera palabrería frente a la despoblación.- La reforma del Estatuto ni siquiera se intentó y la Ordenación del Territorio encalló en los mapas rurales. Y Mañueco se ha reunido ahora con los portavoces parlamentarios sin nada nuevo que ofrecer. Ni se ha molestado en añadir a la agenda un acuerdo de mínimos sobre la despoblación, que es el gran problema estructural de una comunidad que ha perdido en los últimos 10 años una población superior a la de toda la provincia de Palencia. A 1 de enero del presente año el censo de la comunidad se cifraba en 2.398.214 habitantes, 165.307 menos que los que eramos al inicio de 2009 (2.563.521).
Y si nos atenemos a su única hoja ruta conocida, que no es otro que el “Acuerdo para el Gobierno de Castilla y León” suscrito en junio pasado entre el PP y Ciudadanos, solo una de las 100 medidas que contiene, la número 78, hace referencia al problema de la despoblación. Y pásmense en qué términos: “Se creará un grupo de trabajo de expertos independientes nombrados por las Cortes a propuesta de los grupos parlamentarios, con el fin de que elaboren un diagnóstico y emitan en un año un informe de propuestas de actuación”. Como si el problema no estuviera a estas alturas más que diagnosticado y Castilla y León pudiera permanecer otro año más de brazos cruzados perdiendo varios miles de habitantes cada vez que se actualiza el padrón…El pasado jueves, cuando Castilla y León se sumaba a la “revuelta de la España vaciada”, el presidente de la Junta aseguraba en su cuenta de Twitter que “desde la Junta de Castilla y León trabajaremos sin descanso para darle la vuelta a la tendencia”. Pero más allá de este tipo de palabrería y de pedir un pacto de Estado sobre el reto demográfico, ¿qué actuaciones concretas está emprendiendo el actual gobierno de la comunidad en el ámbito de sus competencias para hacer frente a la sangría demográfica? En principio, ninguna que se conozca.
Entra en acción “el trío de la bencina”.- Y con este panorama, en lugar de reforzar los servicios básicos en el ámbito rural, desde la propia Junta se promueven medidas que precarizarían aún más la asistencia sanitaria en ese medio, cual es la supresión de la atención médica en los consultorios locales de la comunidad. Tan solo un día después de la “revuelta de la España vaciada”, conocíamos con estupor a través de “Diario de León” el plan de la consejería de Sanidad de concentrar la atención médica en consultorios de referencia, manteniendo en el resto -la inmensa mayoría de los 3.652 existentes en Castilla y León- tan solo personal de enfermería.
Aunque lo previsible es que Mañueco frene los ímpetus del “trío de la bencina” (vicepresidente Igea, consejera Casado y gerente Mitadiel) y aplace temporalmente esa propuesta, las cartas han quedado mostradas y remiten mucho a aquel planteamiento de Ciudadanos de no considerar viables los municipios de menos de 5.000 habitantes. (No así las Diputaciones, que antes pretendían suprimir y en las que los de Albert Rivera comparten ahora prebendas con el PP).Toda una provocación que puede poner en pie de guerra el mundo rural justo en pleno periodo electoral.
La raspada mayoría parlamentaria de la que disponen PP y Ciudadanos en las Cortes puede servirles para perpetrar nuevos recortes en los servicios públicos y para solazarse en el gobierno pactado entre ambos. Pero sin el consenso del PSOE, la primera fuerza política en las pasadas elecciones autonómicas, no es viable ningún pacto de calado que saque a esta comunidad autónoma de su creciente declive. Sin acuerdo con los socialistas no puede prosperar ninguna reforma del Estatuto ni avanzar en la Ordenación Territorial, cuestiones ambas que requieren mayoría cualificada de dos tercios del pleno de las Cortes.
Sin hoja de ruta ni intención de tenerla, al PP se le ha vuelto ahora en contra el electoralismo con el que actuó en mayo y en la cuenta atrás electoral del 10-N tiene que lidiar desde la Junta con otra revuelta, la de sus funcionarios y empleados públicos, que no están dispuestos a que les tomen el pelo con lo de las 35 horas semanales. Y ello cuando la deuda contraída sigue desbocada -iba por los 12.708 millones de euros en el primer trimestre- y la Junta, que tanto presumía de comunidad cumplidora, se dispone a rebasar holgadamente el límite de déficit fijado a las CCAA para 2019. Total, que más da: ¡Que pasen días y caigan ollas…
