La incertidumbre económica marca el devenir del dinero. Castilla y León vuelve con fuerza a su etiqueta de autonomía ahorradora (‘conservadora’), con máximos históricos en depósitos financieros frente a una inversión crediticia que sigue en caída libre y se acerca a sus niveles del año 2004. Eso significa que el ‘excedente’ sirve para financiar inversiones en otras provincias más emprendedoras del país.
En el caso de Salamanca, los salmantinos tienen 9.230 millones de euros en el banco, mientras que solo tienen pedidos créditos por un importe total de 5.631. Con los otros 3.600 millones los bancos pueden prestar dinero a los emprendedores o inversores en otras partes del país.
Los depósitos bancarios se elevaron en Valladolid (14.862,6 millones), un 7,4 por ciento; en Palencia (4.828), un 5,5 por ciento; en Zamora (5.088), un 4,8 por ciento; en Burgos (10.973,9), un 4,6 por ciento; en Ávila (4.253,8), un tres por ciento; en Soria (3.422,5), un 3,9 por ciento; en Salamanca (9.230,9), un 3,8 por ciento; en León (12.252,2), un 3,2 por ciento; y en Segovia (4.236,8), un 2,2 por ciento.
La inversión crediticia creció en Zamora (2.330,5 millones), un 2,4 por ciento; en Soria (1.698,3), un 0,6 por ciento; y Salamanca (5.631,5 millones), un 0,3 por ciento. Por el contrario, se contrajeron en Palencia (2.402,1), un 5,5 por ciento; en Segovia (2.553,5), un 4,8 por ciento; en León (6.890,1), un 4,6 por ciento; en Valladolid (12.460,2), un 2,8 por ciento; en Burgos (7.267,6), un 1,3 por ciento; y en Ávila (2.222,5), un 1,2 por ciento.
En todas las provincias de la Comunidad, el ahorro superaban con creces a fecha de junio, a la inversión crediticia, con especial incidencia en León, donde la sustracción alcanzaba los 5.362,1 millones de euros; seguida por Burgos, con 3.706,3; y Salamanca, con 3.599,3 . Asimismo, los depósitos superaban a los créditos en 2.757,4 millones en Zamora; en 2.425,9 en Palencia; en 2.402,4 en Valladolid; en 2.031,3 en Ávila; en 1.724,1 en Soria; y en 1.683,3 en Segovia.
Los datos que facilita la Junta de Castilla y León reflejan que al cierre del segundo trimestre de este año, los depósitos del sistema financiero ascendían a 69.149,2 millones de euros, frente a unos créditos por 43.456,7 millones, con una diferencia de 25.692,4 millones de hucha neta que permiten financiar otras economías. Castilla y León ve así ya en lontananza los años del boom crediticio, ya que fue una autonomía con inversión financiera neta sólo desde 2005 hasta 2012, cuando retornó a la cautela del ahorro en pleno marasmo recesivo.
El ahorro de los castellanos y leoneses lleva en crecimiento desde 2017, cuando se registraron 65.394 millones en junio, una cifra que ha ido oscilando al alza o la baja ligeramente desde 2013. Sin embargo, sólo en el último año, los depósitos se dispararon en 3.065,9 millones, con un importante aumento porcentual del 4,6 por ciento. La cifra más próxima al máximo registrado este año se contabilizó en 2011, con 68.519,8 millones.
Los créditos, sin embargo, no retoman el vuelo ni con crisis, ni con recuperación ni con desaceleración o incertidumbre, y se registran descensos al cierre del mes de junio a partir del año 2010, cuando alcanzaron su máximo con 76.031 millones. Es decir, casi en una década se han perdido 32.574 millones en inversión crediticia en la Comunidad. El último año, los préstamos retrocedieron en la Comunidad un 2,2 por ciento, con 1.006,4 millones menos.
El crecimiento de los depósitos se produce tanto en los de origen privado como en los públicos, mientras que la bajada de los créditos se repite también en ambos casos. En concreto y siempre según la información que facilita el Ejecutivo autonómico, el ahorro privado ascendía al cierre del primer semestre del año a 66.383,6 millones de euros, con un avance del 4,7 por ciento respecto a las mismas fechas del año anterior; mientras que los públicos sumaban 2.765,6 millones, un 3,5 por ciento más que hace un año.
En cuanto a la inversión crediticia, las partidas privadas sumaban al cierre de junio de 2019, un total de 40.275,5 millones de euros, con una bajada del 2,2 por ciento en comparación al dato del año 2018; mientras que la financiación pública ascendía a 3.181,1 millones de euros, un 3,1 por ciento menos. Los depósitos privados superaban así en 26.108 millones a los créditos, mientras que en el caso de los fondos públicos la financiación crediticia estaba 415,5 millones por encima de su ahorro.
Malos resultados
La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale) asumió que ”no es buena noticia” que permanezca en Castilla y León esa mayor tendencia al ahorro; pero además expresó su preocupación por la “menor propensión” a la inversión.
Una situación, la del inversor, que a su juicio está “coaccionada por excepcionales acontecimientos externos”, como es el Brexit y las guerras comerciales cuando la economía opera de forma global; y la ralentización económica en ciertos países con los que la Comunidad mantiene estrechas relaciones comerciales, como es el caso de Alemania.
La patronal apuntó asimismo como factor esencial de esta tendencia a la “parálisis” en la que está inmersa España por la “maltrecha situación política”. “Hechos todos ellos que no han hecho más que alentar la incertidumbre”, resumieron.
En este contexto, exigieron una vuelta del panorama político de España a “un estadio de estabilidad, con el objeto de generar un clima de certidumbre indispensable aunque no suficiente para atraer inversión productiva y, así poder crear empleo estable”.
Asimismo, reclamaron reducir la presión fiscal empresarial, porque España en relación al resto países de la UE, “aún soporta las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social más elevadas; reduciendo así su nivel de competitividad”.
La patronal autonómica también reclamó un descenso “sustancial” de la “cuantiosa” carga normativa y administrativa afecta a la actividad empresarial, que también se dibujan como “palancas disuasorias del capital inversor; en cuanto dilatan en el tiempo tramitaciones hasta poder hacer efectiva la inversión, con el consiguiente aumento de costes para las empresas”.
Los empresarios de la Comunidad también pidieron para impulsar la inversión, que se profundice en la normativa del mercado laboral “dotándola de mayor flexibilidad, y acercándola al actual entorno económico y social, donde la digitalización y la tecnología ya son piedras angulares del mismo”. “En una economía donde las empresas productivas operan a nivel global, el actual encorsetamiento normativo laboral recorta y limita crecimientos del nivel de productividad empresarial, imprescindible para poder abrir nuevos mercados”, comentaron.
Por último, pusieron sobre la mesa la necesidad de una mayor apertura y liberalización de mercados y no vuelta al proteccionismo como son “la instauración de las recientes barreras comerciales, que solo vienen a restringir la competencia y el mercado global”.
