La Junta planteó este lunes a los sindicatos lo que consideró su última propuesta para impedir la celebración de la huelga general entre los empleados públicos el miércoles: aplicar el acuerdo para la recuperación de las 35 horas el 31 de marzo de 2020. El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, advirtió: “Si no se acepta, pondremos a trabajar a las mesas técnicas, pero sin prisa de fechas, porque ya habremos superado la de huelga general”.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expresó hoy su deseo de que se pueda llegar a un “entendimiento” con los sindicatos en la aplicación de la jornada de 35 horas entre los empleados públicos en la reunión de esta tarde. En todo caso, si no hay acuerdo ni esta reunión, ni la huelga anunciada para el próximo miércoles, 6 de noviembre, “son el fin del mundo”.
El Gobierno regional realizó este planteamiento durante un encuentro que se extendió por casi tres horas en la sede de la Consejería de Presidencia, en Valladolid, para intentar alcanzar un acuerdo, y en el que los sindicatos mantuvieron su petición de que el acuerdo sea efectivo a partir del 1 de enero. Además, éstos reclamaron a la Junta que traslade por escrito este nuevo planteamiento ante la “desconfianza que han demostrado” desde el mes de mayo, tal y como coincidieron en señalar los representantes de los tres sindicatos: UGT, CCOO y CSIF.
A la reunión asistió, además de Ibáñez, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. Mientras la Junta asegura que las posturas “están cerca” y aún es posible desconvocar la huelga, los sindicatos responden que todo lo contrario. Si las dos partes no llegan a un acuerdo antes de las 14 horas del martes, los representantes de los trabajadores pararán el 6 de noviembre.
En este sentido, Ibáñez destacó que el Gobierno regional “ha flexibilizado” todas las posturas, desde la primera opción, que fue aplicar el acuerdo el 1 de diciembre de 2020, hasta la segunda, el 1 de junio. “Fruto de esa voluntad y seguir flexibilizando la posición, esta tarde hemos puesto la fecha nueva del 31 de marzo”, comentó el consejero, quien subrayó que la propuesta “nace de la consideración de los cuatro pilares” de este acuerdo y que enumeró: equidad de todos los sectores; garantías económicas de recursos suficientes para su aplicación; capacidad organizativa de todos los sectores, asegurando la prestación de servicios públicos de calidad; y que cuando la medida se implante se haga con sostenibilidad en el tiempo, sin nuevas pausas ni retrotraerse a posiciones previas”.
En este sentido, incidió en que la Junta “hace el máximo esfuerzo que puede y le permiten sus recursos” para garantizar la aplicación de la jornada efectiva de 35 horas desde el 31 de marzo. “Nos hemos comprometido a transmitirlo por escrito”, respondió Ibáñez, a lo que es una petición expresa de los sindicatos, y “con mandato específico a las distintas mesas técnicas de los sectores para trabajar de modo inmediato y ver las fórmulas de la aplicación”.
A su juicio, falta una “pequeña diferencia en el cuando se inicia su aplicación”. “Los sindicatos quieren el 1 de enero, pero por cuestiones materiales no podemos antes de 31 de marzo. Estamos a tres meses de entendernos y esperamos que con la respuesta por escrito mañana podamos desbloquear la situación”, confió Ibáñez, quien sentenció que espera que el martes se pueda anunciar la firma, algo de lo que no están convencidos los representantes de los trabajadores públicos. Por ello, rogó a los sindicatos que analicen “el nuevo escenario razonable” y qué planteen si “celebrarán huelga general por tres meses de diferencia y si ello vale la pena”. “Espero que todos podamos entender las circunstancias”, prosiguió Ibáñez.
En este sentido, insistió en que la fecha se ha elegido para que todos los empleados públicos “puedan empezar las 35 horas en condiciones de equidad”. “Y créanos”, añadió, “hemos hecho todos los esfuerzos posibles para acotar esa fecha. Pocas más se podrán hacer. El 31 de marzo es una oferta que la Junta hace en el seno de la mesa de negociación. Si no se acepta esta fecha sería una pena porque habría fracasado”, lamentó, para explicar que de pasar esta “oportunidad” el acuerdo estaría sometido a una “nueva normativa” diferente a la de 2018, tanto en objetivo de déficit como en otros pilares. “Ahora esos condicionantes los hemos cumplido. Si no se consigue ahora, el siguiente escenario será de total incertidumbre para los empleados públicos”, subrayó.
“Nos toman por tontos”
En este sentido, el secretario de la Federación de Empleados de Servicios Públicos (FeSP) UGT de Castilla y León, Tomá Pérez, informó hoy de que la Junta “toma por tontos” a los empleados públicos porque siguen “sin cumplir” lo pactado en mayo de este año, cinco días antes de las elecciones autonómicas y municipales.
“Esto no debería ser una chirigota. No es una mercado árabe. Los acuerdos están para cumplirlos”, comentó Pérez, quien recordó que la Junta alegó al principio de la negociación motivos económicos, “pero dicen unas cifras, luego las niegan, y parece que no se llega a un acuerdo por cinco millones, cuando han suprimido un impuesto a los ricos por el que dejarán de ingresar más de 200 millones de euros”.
El responsable de UGT tachó a la Junta de “dejar pasar todas las elecciones y ahora hacer lo que quiere”. “Una vez que no cumplen el acuerdo ya pueden decir lo que les da la gana. Asumen la huelga; Se nos ha utilizado a los empleados públicos”, comentó. El siguiente paso será “ir a juicio y que le expliquen al juez las razones de no aceptarlo”. “Nosotros damos por bueno aplicarlo el 1 de enero”, insistió, al menos para los trabajadores que “no suponen coste alguno”, es decir, todos menos la sanidad y educación.
Por su parte, la representante de CSIF, Raquel Fernández, explicó que “a estas horas se mantiene la huelga convocada” ante las diferencias de fechas y señaló que mañana, cuando obre en su poder el documento por escrito que la Junta se ha comprometido a enviar. “Nunca nos han dado un documento por escrito en reuniones anteriores”, dijo. En todo caso, los sindicatos exigen que sea efectiva el 1 de enero “para todos, y en aquellas categorías que no pueda ser por calendario se les daría un plazo”. Esa desconfianza, añadió, motivó que los sindicatos prefieran “no valorar una oferta que puede ir hacia unas condiciones que luego no se cumplan”. “Por que recordamos que esto sucede al no cumplir el acuerdo de mayo, con fecha de aplicación de 1 de octubre”, recordó.
Por último, Ana Rosa Arribas, de CCOO, lamentó que la Junta “nunca trae nada por escrito” a unas reuniones que calificó de “extenuantes”. “El incumplimiento del acuerdo y la nueva propuesta nos hace desconfiar. Hablan del 31 de marzo como fecha dinámica; pero no lo es porque el sector educativo ya no lo cumple de facto con el curso ya empezado”, sostuvo.
Además, señaló que ahora la Junta introduce “otro condicionante más, las ofertas de empleo público”. “Dicen que por ello pueden ser denunciados por el Abogado del Estado, pero no ha sido así en otras administraciones”, aseguró Arribas, quien desveló que el consejero de la Presidencia ha admitido que “no es un problema económico”. “No sabemos a qué atenernos y nos genera desconfianza. Mantenemos la huelga y las movilizaciones porque estamos muy lejos del acuerdo”, concluyó.
