Mañueco no puede desactivar la huelga de funcionarios

CSIF, CCOO y UGT mantienen la huelga general de funcionarios de la Junta convocada para este miércoles, 6 de noviembre, y llaman a secundar el paro a los más de 85.000 empleados públicos que dependen de la Administración regional. Todo ello después de que no se alcanzara acuerdo alguno en el último encuentro, celebrado en la tarde del lunes en la Consejería de la Presidencia, y que quedó sujeto a la presentación por parte de la Junta de la última propuesta, por escrito, para este martes, que consistía en adelantar la aplicación de la jornada efectiva de 35 horas al 31 de marzo, frente al 1 de enero de 2020 que exigen los representantes de los trabajadores. En este sentido, los sindicatos explicaron en declaraciones a Ical que el planteamiento que han podido leer hoy “es aún peor que el presentado ayer, porque se recogen varios condicionantes difíciles de cumplir”.

Así, el Consejo Autonómico de CSIF decidió continuar con la convocatoria tras analizar y valorar “con detenimiento” la propuesta escrita trasladada esta mañana por la Junta y considerar que el Gobierno regional “no garantiza el cumplimiento de su aplicación el 31 de marzo de 2020, con los condicionantes y modificaciones que han incluido a última hora”.

De entrada, el documento señala, según el sindicato, que se crearán mesas técnicas en los distintos sectores para analizar las materias suscritas y que promuevan un acuerdo, “condicionadas a los presupuestos; a la organización y gestión de cada sector; al compromiso del cumplimiento de la actividad, la calidad y el horario asociados a cada uno de los sectores; y a la estabilidad de la medida”.

CSIF sostuvo que con estos condicionantes, la aplicación de las 35 horas “seguiría en el aire en abril de 2020”. “Parece que la Junta solo quiere alargar una falsa negociación”, señaló en un comunicado, un “riesgo y un juego” que el sindicato “está dispuesto a jugar”. “¿Qué pasaría si no se llega a ese acuerdo en las mesas técnicas?”, se preguntó la organización, quien reprochó a la Junta querer “empezar de cero en la negociación”.

Igualmente, no descartó acudir a los tribunales por el incumplimiento del acuerdo suscrito cinco días antes de las elecciones autonómicas de mayo y que tenía que haber entrado en vigor el 1 de octubre. Asimismo, instó al Gobierno regional a que plantee una propuesta seria que asegure la aplicación de la jornada de las 35 horas”.

CSIF lamentó la “falta de voluntad suficiente” para cumplir el acuerdo, “poniendo sucesivas trabas e imposibilitando el deseado y esperado desarrollo del documento”. “La Junta no nos ha dejado otra alternativa. Nos ha dado una propuesta que, a sabiendas, saben que no se va a poder cumplir, con lo cual este sindicato no puede engañar a los trabajadores”, lamentó.

Por su parte, la responsable de CCOO, Ana Rosa Arribas, explicó a Ical que la huelga general se mantiene “en forma de unión sindical” porque la propuesta enviada hoy por escrito “es peor que lo que dijeron ayer”, ya que recoge tres condicionantes: la equidad, “que no se da porque Educación no puede aplicar la jornada hasta 1 de septiembre”; capacidad organizativa, “que no se da en Sanidad”, y motivos presupuestarios.

En este último punto se detuvo Arribas para denunciar que la Junta cuenta con un “impedimento que puede generar un segundo incumplimiento”. A su juicio, el 31 de marzo coincide con el plazo límite que el Gobierno central otorga para publicar el dato de cumplimiento de déficit y la regla de gasto, que Castilla y León no cumplirá con las 35 horas. “No va a cumplir estos parámetros. Ya no nos nos creemos que tengan intención alguna de cumplir del acuerdo”, se despachó.

Por último, UGT criticó que la Junta alegue “imposibilidad organizativa” y que “no hay capacidad material”. “Cuando se les pide que concrete en qué consisten estas incapacidades, solo obtenemos la callada por respuesta. Tanto tiempo de reuniones para saber que se declaran incapaces”, lamentó el sindicato. A su juicio, es un “gobierno asentado en el desgobierno, con dos partidos que quieren usar a los empleados públicos y a la Administración para sus guerras políticas y para deslegitimarse mutuamente, aunque sea a costa de paralizar la Administración Pública”.

Por otro lado, respondieron que ambas partes “no están separados solo por tres meses”, como señala la Junta, sino también por la “falta de documentación que justifique” la fecha del 31 de octubre, que dejan para presentar en unas “mesas técnicas” que “deberán elaborar los calendarios y cambios normativos que ya estaban elaborados cuando tomaron posesión de sus cargos”. “En fin, nos separa la falta la confianza de buena fe negociadora. La Administración sigue inflexible en sus posturas mantenidas desde la primera reunión, que sólo buscan convertir en papel mojado el Acuerdo de mayo del 2019”.

La Junta

Por su parte, la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de la Presidencia, reiteró este martes su compromiso de implantar en 2020 la jornada ordinaria de 35 horas a partir del 31 de marzo de 2020, “en condiciones de equidad para todos los empleados públicos y concretando su aplicación práctica a través de las mesas técnicas de cada sector”.

La Administración remitió un escrito a las organizaciones sindicales firmantes del Acuerdo Marco, con la propuesta concreta, que ha sido rechazada, y señalan en un comunicado recogido por Ical que “la imposibilidad de alcanzar un acuerdo sobre la fecha exacta deja ahora un escenario incierto sobre su aplicación”, si bien aclararon que “no impedirá continuar con los análisis técnicos y el estudio oportuno sobre cuando poder aplicar dicha medida en todo el ámbito de la Administración Pública”.

Desde el Ejecutivo autonómico recalcaron que “tras la sexta reunión mantenida ayer entre la Junta de Castilla y León y los representantes sindicales UGT, CCOO y CSIF, la Junta de Castilla y León ha cumplido el compromiso de establecer las bases de un acuerdo para la aplicación de la jornada ordinaria de 35 horas”.

Con la propuesta, que apostaba por su entrada en vigor el próximo 31 de marzo, aseguraron que “la Junta ha vuelto a ofrecer nuevas muestras de flexibilidad en su posición”, ya que previamente habían puesto sobre la mesa la fecha del 1 de diciembre de 2020 y posteriormente la de 1 de junio de 2020.

“Esta fecha propuesta por escrito se hace como límite al cumplimiento de los requisitos que marcan el modo de actuar de la Junta en este tema: garantía de cobertura presupuestaria de la medida, compromiso de adecuada organización, actividad y calidad de los servicios públicos y equidad en la aplicación para todos los sectores. Asimismo, aseguraba la sostenibilidad en el tiempo de la aplicación de la medida”, defendieron

En ese sentido, lamentaron que “el único escollo que no se haya podido salvar sea el de la fecha efectiva de aplicación, a pesar de todos los esfuerzos realizados”, y manifiestaron su “pesar” por la “inamovilidad” de la fecha planteada por las organizaciones sindicales. “La Junta seguirá trabajando en su tramitación, aunque ya sin un escenario cierto para su implantación en cuanto a la forma y la fecha de la misma”, añadieron antes de precisar que también se continuará trabajando en “numerosas cuestiones” con los representantes sindicales en materias que afectan a los empleados públicos de la Comunidad.