Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF presentarán en los tribunales tres demandas contra la Junta de Castilla y León a lo largo de las próximas semanas, la primera de ellas por “falta de buena fe” en la negociación de la aplicación de las 35 horas semanales para los trabajadores públicos, la segunda por incumplimiento de los pagos de fondos adicionales que se acordaron con el Gobierno de Rajoy en marzo de 2018, y la tercera por no desarrollar la carrera profesional de los empleados públicos, ya que el 31 de enero expiró el plazo para publicar la primera convocatoria. Las tres demandas “ya están preparadas” por parte de sus servicios jurídicos y posiblemente esta misma semana llegue a los tribunales la primera de ellas, según explicó el secretario autonómico de la Federación de Empleados de Servicios Públicos (FeSP) UGT Castilla y León, Tomás Pérez.
En cuanto a la segunda de las demandas, está relacionada con el acuerdo suscrito con Montoro como ministro de Hacienda por el cual se pactó que en el último trimestre del año los responsables de las administraciones debían sentarse a negociar los fondos adicionales de la masa salarial y cómo se tendrían que devengar en las retribuciones de los trabajadores. “Era un acuerdo para 2018, 2019 y 2020, con unas retribuciones fijas a partir del 1 de enero y otras dos variables, una dependiendo del PIB a partir del 1 de julio y otra según la cual debían negociar con los sindicatos cómo pagar un fondo adicional del 0,20 por ciento de la masa salarial en 2018, del 0,25 el año siguiente y del 0,30 por ciento en 2020”, detalló Pérez, que advirtió que en Castilla y León los sindicatos realizaron una propuesta hace 17 meses “de forma lineal y consolidable para todos los empleados públicos” y “ni han respondido ni han pagado.
Pérez aseguró que los representantes sindicales tienen “toda la confianza del mundo” en que sus demandas prosperen y los tribunales les den la razón, ya que en el caso de la aplicación de las 35 horas semanales, por ejemplo, se trata de “un acuerdo que han firmado el pasado mes de mayo y no han cumplido”.
Mala fe
“La base de todo es que en mayo firmamos un acuerdo que ahora se niegan a cumplir. Lo aprobaron en el Consejo de Gobierno pero luego no lo han publicado en el Bocyl, quizá porque desde el primer momento pensaban no cumplirlo, y pediremos en los tribunales que motiven el porqué del incumplimiento”, señaló antes de recordar que no están reclamando “un derecho nuevo”, sino uno que les “quitaron sin negociar”. “Queremos recuperar un derecho en base a un acuerdo nacional que la Junta está incumpliendo. Es mentira que no nos hayamos puesto de acuerdo por tres meses, ya que propusieron las 35 horas condicionadas, si se cumplían una serie de requisitos. Queremos que no mientan porque están haciendo de la mentira un arma política”, denunció.
En ese sentido, la secretaria de acción sindical de CSIF Castilla y León, Raquel Fernández, explicó que el Gobierno regional les ha “mentido” y “sigue mintiendo” cuando dice que ha negociado con ellos la aplicación a partir del 31 de marzo del próximo año. Ella anunció que tienen previsto también iniciar una campaña de distribución de lazos y pulseras de color rojo o verde, sin ningún emblema sindical más allá de la leyenda ‘35 horas ya’. Además, tras afirmar que “la Junta últimamente se ha convertido en una Administración que solo se dedica a diferir sus acuerdos”, apuntó que reforzarán la acción sindical “preferentemente en las provincias”, con actuaciones como ‘Los lunes al sol’ que están desarrollando en Segovia y sentadas o encierros en diversos centros.
Pérez, por su parte, recordó que el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró en público en varias ocasiones que él mismo tomaría las riendas de la negociación, pese a lo cual los sindicatos solo le han visto “en una ocasión”. “Siempre nos hemos visto con el consejero de la Presidencia, Francisco Igea, que nos hacía propuestas y luego las retiraba, en la negociación más marxista (de los hermanos Marx) que he visto en mi vida. Nos hacía propuestas que luego retiraba diciendo que habían sido reflexiones personales. Todo ha sido ridículo porque estaban más obsesionados en hablar con la prensa que con nosotros”, explicó.
Además, señaló que desde los sindicatos ya están “cansados” de que les pidan que sean “responsables”. “Llevamos 30 años de paz sindical, nunca se le había hecho una huelga a la Junta porque siempre habíamos llegado a acuerdos. Cuando alguien insiste tanto en que los demás sean responsables quizá es que el auténtico irresponsable esté siendo él”, denunció.
Al ataque contra Igea se lanzó también el secretario general del sector de servicios a la ciudadanía de CCOO Castilla y León, Carlos López, que calificó de ‘fake news’ las declaraciones que realizó tras el Consejo de Gobierno del 7 de noviembre valorando el seguimiento del la huelga celebrada el día anterior e intentando, a su juicio, deslegitimar la convocatoria por falta de participación y por considerarla “una huelga política”.
“Ahora no hay ningunas elecciones en el horizonte, y seguimos con nuestras movilizaciones sin descartar ninguna media a futuro, así que no era una huelga política, y la deslegitimación de un derecho constitucional por un responsable político es una muestra clara de totalitarismo y de prácticas que creíamos desfasadas en este país. Es algo que ha sucedido ahora en la Junta, con ningún Gobierno hasta este ha ocurrido algo de tamaña gravedad”, cuestionó.
Además, aseguró que desde el Ejecutivo “se mintió a sus empleados sobre su voluntad de acuerdo, sobre el cumplimiento y en el dato de los servicios mínimos”, algo que en su opinión pone en seria tela de juicio la veracidad del dato de seguimiento que aportaron. “Con rotundidad, el seguimiento de esta huelga fue sustancialmente superior al de otras anteriores que ha habido en la Junta, así que deberían tomar nota”, comentó además de subrayar las “contradicciones” de la Administración durante todo el proceso: “En mayo cifraron el coste de la medida en 50 millones, en septiembre en 120, a mediados de octubre en 70… En alguno o en todos los momentos están mintiendo”, concluyó acusándoles de tener una “credibilidad baja o nula”.
“Lo único cierto, más allá del teatrillo de las disensiones que tienen montado entre PP y Cs, es que la Junta no puede cumplir sus compromisos económicos. No puede a la vez cumplir el acuerdo de las 35 horas, los 75 millones que por ley propia tienen que aportar para la carrera profesional y la subida salarial pactada del 2,25 por ciento para todos los empleados públicos en el año 2020, mientras además de suprimir el impuesto por patrimonio. La ecuación no sale”, argumentó.
