La consejera Casado vuelve a la carga

[dropcap]V[/dropcap]amos progresando. Cuatro meses después de iniciar su mandato, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha realizado por fin su primera propuesta para afrontar el problema de la despoblación. Consiste en dejar de hablar de “La España vaciada”, expresión que considera peyorativa, y sustituirla por “La España de las oportunidades”.

No se sabe si la ocurrencia ha sido suya o ha partido de alguno de sus colaboradores, tal que del ínclito Ignacio Cosidó, fichado por 54.039 € anuales para el Gabinete del Presidente supuestamente para asesorar sobre mundo rural y despoblación. Podemos utilizar todos los eufemismos que se quiera, pero no por ello “La España vaciada” va a dejar de estarlo, ni Castilla y León va a dejar de ser la comunidad autónoma que más población sigue perdiendo: 165.307 habitantes menos en los 10 últimos años, más de los que reúne toda la provincia de Palencia.

Los CRA o el truco del almendruco.- Coincidiendo con esa finta terminológica del presidente, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha vuelto a la carga lanzando sin consultar ni a los ayuntamientos ni a la comunidad sanitaria una nueva propuesta sobre el espinoso problema de la atención primaria en el medio rural. Dado que el verbo “cerrar” suena muy mal y ha sido retirado del diccionario Mañueco, la consejería ha desistido supuestamente de su intención inicial de liquidar la mayor parte de los más de 3.600 consultorios locales en Castilla y León. En su lugar, se ha optado por una fórmula menos cruenta aunque igual de letal: dejarles morir por inanición.

Ese será el resultado, más pronto que tarde, si se aplica el plan consistente en crear la figura del “consultorio rural de agrupación” (CRA), a ubicar en localidades intermedias a las que tendrían que desplazarse los vecinos de la respectiva zona de influencia para recibir la atención primaria que prestan los actuales consultorios locales. La solución no consiste en resolver el actual déficit de médicos mediante la dotación de la plantilla necesaria, sino en concentrar en esos CRA a los mismos que hay ahora y que sean los usuarios los que se trasladen hasta ellos para poder seguir siendo atendidos.

Como es lógico, lejos de tranquilizar a la población afectada, este truco del almendruco no ha hecho otra cosa que reactivar la alarma en el medio rural y generar gran malestar entre los profesionales sanitarios, que, al igual que los ayuntamientos, han sido completamente ninguneados por la Junta. Tanto la Confederación Sindical de Sindicatos Medios (CESM) como el sindicato de enfermería SATSE han deplorado el empeño de la consejería de actuar unilateralmente sin someter sus propuestas a ninguna mesa de negociación. Y UGT atribuye a la consejera Casado el “yoismo” propio de “las personas que se creen el centro del universo”.

Todo esto sin que la consejera haya cuantificado el número de los pretendidos CRA (en Aliste, elegida comarca piloto, se habla de 5 o 6 para 62 pueblos agrupados en 13 municipios) ni los criterios a aplicar para su ubicación, decisión esta última conflictiva donde las haya.
El mapa en cuestión puede abrir una caja de Pandora en el medio rural, máxime si la consejería persiste en la política de hechos consumados que ha dado al traste con el Pacto por la Sanidad que dice pretender y del que el PSOE, Podemos y la UPL permanecen descolgados. Para Casado la oposición a su plan se justifica en “el conocido síndrome de la resistencia al cambio”. “Si no sale bien -añade-, para quedarnos como estamos, hay tiempo”.

Entretanto, raro es el día en el que no conocemos nuevos indicadores que sitúan a Castilla y León a la cabeza de “La España vaciada”. Sin salir del ámbito sanitario, la Sociedad Española de Farmacia Rural (SEFAR) ha advertido sobre el peligro que está suponiendo la despoblación para el mantenimiento de las 4.500 farmacias rurales existentes en España, más de mil de ellas desperdigadas en nuestra comunidad autónoma.

De las 26 farmacias que el pasado año echaron el cierre en España, siete estaban en pueblos de Castilla y León, donde se localizan 229 de las 880 farmacias españolas en situación de Viabilidad Económica Comprometida (VEC). Pese a que estas oficinas de farmacia gozan de un índice corrector de los márgenes que atenúa sus dificultades económicas, la despoblación amenaza con ir haciéndolas completamente inviables.

Ni sucursales ni cajeros.- Y esta misma semana hemos sabido que Castilla y León es la comunidad más castigada por la llamada “exclusión financiera” motivada por el cierre de sucursales bancarias y hasta de simples cajeros automáticos. Según un informe del sindicato FINE, un 79,1 por ciento de los municipios de la comunidad autónoma carecen de sucursales bancarias tras los ajustes realizados por el sector a raíz de la crisis financiera. Ello afecta a un total de 365.511 habitantes -obviamente radicados en el medio rural- que carecen de servicios bancarios en sus localidades de residencia.

He aquí una de las consecuencias del proceso de “expolio y almoneda” de que fueron objeto las seis antiguas cajas de ahorro de Castilla y León. Su función social pasó a la historia desde que las absorbieron Unicaja Banco (Caja España-Caja Duero), Bankia (Caja Segovia y Caja Ávila), Caixa Bank (Caja Burgos) y Caja Círculo (Ibercaja), entidades bancarias que se lanzaron inmediatamente en busca del máximo beneficio, dejando en el camino todas aquellas sucursales que no consideraban suficientemente rentables.

Más de mil sucursales han echado el cierre en Castilla y León desde que el sector comenzó su reestructuración. Unicaja mantiene aproximadamente la mitad de las 679 sucursales que llegaron a sumar Caja España y Caja Duero. Desde entonces las oficinas cerradas han sido sustituidas por simples cajeros automáticos o por la visita de los “ofibus”, los autobuses que recalan una o dos veces al mes allá donde antes había sucursales.

Y esta “exclusión financiera” está afectando a municipios que rondan incluso los mil habitantes, como se ha visto en el Hospital de Órbigo, localidad ubicada en pleno Camino de Santiago, donde la decisión unilateral de Unicaja de suprimir el único cajero instalado ha originado todo un conflicto. Todo esto cuando el coste público del rescate de cajas y bancos se cifra en 65.725 millones de euros, más de 40.000 de los cuales el Estado da ya por completamente por perdidos.

Un año después, la Ley 7/2013 de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio contemplaba en su disposición adicional tercera que el PCI se repondría “cuando el PIB regional crezca por encima del 2 por ciento interanual”. Dicho requisito se cumplió en 2015 (2,5%), 2016 (3,1%), sin que el gobierno Herrera cumpliera dicha disposición legal. Y ha vuelto a cumplirse en 2018 (2,5%) sin que el actual bipartito se haya dado por aludido y sin que figure entre las 100 medidas incluidas en el Acuerdo suscrito por PP y Ciudadanos en junio pasado.Sin planes ni Presupuestos.- Aparte de no afrontar el plan de choque regional contra la despoblación que debería ser prioritario, el gobierno bipartito que preside Mañueco tampoco tiene la menor intención de descongelar el Plan de Convergencia Interior (PCI) que contempla el Estatuto de Autonomía para corregir los desequilibrios territoriales internos de la comunidad autónoma. Dicho Plan, que había arrancado en 2010 con una asignación de 125 millones de euros, desapareció en 2012 víctima de los recortes presupuestarios.

Bien es verdad que para abordar estas políticas es imprescindible contar con unos nuevos Presupuestos de la Comunidad, algo que no parece que entre dentro de los planes de la Junta. A diferencia de otras comunidades, gobernadas tanto por el PP (Galicia) o Aragón (PSOE), que ya han aprobado su techo de gasto para 2020, la consejería de Hacienda no ha dado aquí ningún paso hacia la elaboración de un nuevo proyecto presupuestario que evite una segunda prórroga de los Presupuestos de 2018. Sin duda, todo un reflejo de la desidia y pasividad con que se toma el gobierno Mañueco los problemas de Castilla y León.