[dropcap]D[/dropcap]estacados miembros del Gobierno y/o dirigentes federales del PSOE, con el propio Pedro Sánchez a la cabeza, han metido más de una vez a Castilla y León en el saco de las comunidades autónomas gobernadas gracias a los votos sumados por PP, Ciudadanos y Vox. Afirmación falsa en lo que respecta a nuestra comunidad, en la que Alfonso Fernández Mañueco fue investido presidente solo con los 29 votos de los procuradores del PP y los 12 de Ciudadanos, que sumaban justamente los 41 escaños que marcan la mayoría absoluta de las Cortes. Otros 38 procuradores (PSOE, Podemos y UPL) votaron en contra y los dos restantes, el de Vox y el de Por Ávila, se abstuvieron. Así pues, el gobierno bipartito PP-Cs que preside Fernández Mañueco no carga en origen con el estigma de estar apoyado por la ultraderecha rampante.
Pero la pregunta es inevitable: Si PP y Cs lo hubieran necesitado para alcanzar la mayoría absoluta, ¿hubieran hecho ascos al voto del único procurador de Vox? Objetivamente, no existe razón alguna para pensar que aquí no hubiera sucedido lo mismo que en Andalucía, Murcia y Madrid. Y hay un dato que lo avala: Ambos partidos negociaron en el mismo paquete la Junta y los principales ayuntamientos, incluyendo entre estos aquellos en los que la ultraderecha completaba la mayoría absoluta.
Esos pactos con Vox en Andalucía, Murcia y Madrid (Comunidad y Ayuntamiento) han convertido al PP de Pablo Casado en rehén político de la ultraderecha. Se ha visto muy claro estos días con ocasión de los movimientos para repartirse los puestos en las Mesas del Congreso y el Senado. Antes de que el PP pudiera plantearse participar en un “cordón sanitario” contra la formación ultraderechista, su líder, Santiago Abascal, amenazaba con la represalia de no prestarse a aprobar los presupuestos en esos gobiernos autonómicos y municipales en los que su voto es determinante.Es el caso del consistorio municipal de Palencia, en el que el candidato de Ciudadanos, Mario Simón, accedió a la alcaldía tras suscribir con su propia firma un pacto con la concejala de Vox, Sonia Lalanda, o el de Aranda de Duero, cuya alcaldesa, Raquel González, del PP, lo es gracias a los votos de los dos concejales de dicha formación. Y conocido es que si en el ayuntamiento de Burgos no cuajó el mismo pacto no fue por la voluntad de PP y Ciudadanos, sino por la negativa de Vox.
Gracias a ese reglamento clonado en todos los Parlamentos que exige unanimidad para poder aprobar declaraciones institucionales, el único procurador de que dispone Vox en las Cortes, Jesús García-Conde ya ha conseguido tumbar el pronunciamiento conjunto de los otros 80 procuradores sobre asuntos de no poca trascendencia.
Sin declaración institucional contra la violencia de género.- Tras ese precedente, llegado el “Día Internacional de la lucha contra la violencia de género”, las Cortes, conscientes de antemano del veto que ejercería el procurador ultraderechista, han renunciado a una declaración institucional más necesaria que nunca. Lo más lamentable es que tirarán la toalla sin sustituir la declaración institucional por la lectura de un manifiesto conjunto de todas las demás fuerzas a las puertas de su sede, tal como se ha hecho en otras instituciones.El pasado mes de octubre su veto conseguía mandar a la papelera una declaración institucional “de compromiso contra el cambio climático en Castilla y León” que ya había sido aprobada por unanimidad en la Junta de Portavoces de la Cámara.
Pero para muestra de la deplorable contaminación política transmitida por Vox a PP y Ciudadanos, nada más esclarecedor que el bochornoso episodio vivido en el ayuntamiento segoviano de El Espinar, otro en el que los tres partidos comparten el equipo de gobierno municipal. Tanto el PP como Cs firmaron conjuntamente con Vox una moción que, además de recoger todo el argumentario del partido ultraderechista, se descolgaba pidiendo la derogación de la Ley de Violencia de Genero aprobada en 2004 por unanimidad en el Congreso de los Diputados. Vox -que en el reparto de responsabilidades de gobierno se quedó con la concejalía de Igualdad- se había llevado al huerto a los otros dos socios de gobierno.
Envalentonada tras su espectacular crecimiento en las pasadas elecciones generales, Vox no va a parar en su ofensiva contra el Estado de las Autonomías, cuya existencia abomina en toda su dimensión. Aborrece todas las comunidades autónomas, las 17. No solo las consideradas “nacionalidades históricas”, en las que ve un peligro directo para la unidad de España. También las demás que, si en su mano estuviera, suprimiría igualmente de un plumazo, volviendo a centralizar todas las competencias en la Administración central.Llamado al orden por el PP, el alcalde retiró su apoyo a la moción y, tras no pocas resistencias, hizo lo propio el único concejal de Cs, quedándose solos los dos concejales de Vox. Pero a su vez, los tres partidos votaron en contra de la moción alternativa presentada por PP e IU, con lo cual el ayuntamiento quedaba sin pronunciarse contra la violencia de género. Todo un éxito de Vox, que, para mayor escarnio social y político, sigue manteniendo la concejalía de Igualdad. El alcalde, Javier Figueredo, que a las primeras de cambio desalojó al público del salón de plenos, no ve nada anormal en ello y su partido parece que no se lo ha hecho ver.
Piedras contra el propio tejado.- Y es en este contexto en el que resulta especialmente contraproducente la escalada de iniciativas y declaraciones a la que asistimos cuestionando desde los partidos constitucionalistas la propia configuración territorial de la comunidad autónoma de Castilla y León y de algunos de sus símbolos, máxime cuando ello viene formulándose con absoluta frivolidad.
Pero más irresponsable aún ha sido el alcalde socialista de León, José Antonio Díez, manifestándose a favor de la segregación del antiguo Reino de León como comunidad autónoma independiente de la actual, tal y como ha defendido siempre la Unión de Pueblo Leonés. Ello supone una ruptura con la posición histórica del PSOE de Castilla y León, favorable desde el inicio del proceso autonómico al status de una sola comunidad autónoma constituida por dos regiones. Empezó por no venir a cuento que el grupo municipal del PP en el ayuntamiento vallisoletano reavivara la recurrente polémica de la capitalidad con una moción a favor de ubicar la misma en Valladolid. Sabiendo perfectamente que ello requiere un consenso territorial interno imposible de alcanzar, la iniciativa solo podía conseguir lo que consiguió: reavivar las rencillas provincianas entre Valladolid y León sobre una cuestión que no preocupa a nadie, ni siquiera a los ciudadanos de estas dos provincias.
Y por supuesto supone un monumental brindis al sol, ya que Déz no explica la vía jurídico-constitucional a seguir para que León, Zamora y Salamanca abandonen una comunidad autónoma para constituir otra. Y ya puestos, el secretario autonómico de Podemos, Pablo Fernández, considera interesante reabrir el debate sobre la autonomía leonesa, sin excluir la posible celebración de alguna consulta o plebíscito.
Todo lo anterior sin olvidar la inconcebible posición del presidente de las Cortes, Luis Fuentes, quien no satisfecho con quererse cargar la Fundación Villalar, se ha permitido cuestionar la efemérides del 23 de abril como fiesta oficial de la comunidad, atacando así a una de sus señas de identidad más reconocibles y reconocidas. En fin, toda una sucesión de actitudes disolventes que estarán causando el lógico regocijo entre quienes, como Vox, abogan por la desaparición de ésta y de todas las demás comunidades autónomas. Así nos va.
