La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) señaló este miércoles que está estudiando emprender acciones legales contra el exconsejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, y la exviceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto, Marta López de la Cuesta, por presunta prevaricación. En su opinión, pudieron actuar de forma irregular en el ejercicio de sus funciones en todo lo relacionado con el catálogo de puestos tipo, las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) y el Concurso Abierto y Permanente.
Así, reclamó responsabilidades políticas a los anteriores responsables de Función Pública de Castilla y León al entender que en todas las negociaciones “se presupone el principio de buena fe de las partes”, según afirmó Mariano Prieto, presidente del sector autonómico de la Administración General de la Comunidad de CSIF en Castilla y León. “Es triste decir que, posiblemente, los anteriores responsables de Función Pública han jugado con los sindicatos y con los trabajadores que representan”, agregó.
Según CSIF, el problema surgió en el concurso abierto y permanente que se publicó por Resolución de 11 de octubre de 2018, de la viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto, para la provisión de puestos de trabajo adscritos a funcionarios de carrera en el ámbito de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus organismos autónomos.
Luego se anuló porque el Catálogo de Puestos Tipo aprobado por la Junta de Castilla en 2017 fue impugnado por la Asociación de Letrados de la Comunidad de Castilla y León. “Trabajan para la Administración y, en principio, son el garante del buen hacer normativo de la Junta y en quienes deben apoyarse los altos cargos, pero claro está que no fueron atendidas sus recomendaciones y recurrieron a la vía judicial”, afirmó CSIF.
En ese sentido recordó que la ex viceconsejera de Función Pública, Marta López de la Cuesta, indicó que las razones por las que se había anulado el Catálogo de Puestos Tipo “se habían subsanado, y pedía buena voluntad y esfuerzo para volver a sacar cuanto antes un concurso de traslados que es necesario”, indicó.
“Después vino un calendario de reuniones exprés, con evidente falta de información a la parte sindical, y con la amenaza velada de guardar todo en un cajón, y privar a los funcionarios públicos de un derecho que recoge el Estatuto del Empleado Público e incumplido de forma reiterada, obligó a creer en el principio de buena fe para que el nuevo concurso saliera adelante”, argumentó CSIF.
El sindicato señaló que la convocatoria este año del concurso abierto y permanente para la provisión de puestos de trabajo adscritos a funcionarios de carrera en el ámbito de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus organismos autónomos, “fue el resultado de este esfuerzo”.
Negativas
Prieto afirmó además que desde la Junta se aseguró que el Catálogo de Puestos Tipo era sólido, y CSIF pidió informe jurídico a la Administración que sustentara dicha afirmación, máxime cuando la Asociación de Letrados y otras organizaciones volvían a cargar contra el Catálogo de Puestos Tipo con los mismos argumentos. “La Administración negó rotundamente entregarnos, ni el informe de que había seguridad jurídica con el nuevo Catálogo de Puestos Tipo, ni los informes que decían tener de los criterios de elaboración del mencionado catálogo. Para salvar cualquier tipo de suspicacia por la premura en la aprobación del Catálogo se acordó que se revisaría a los seis meses”, sostuvo.
Al respecto, el dirigente sindical señaló que “no puede ser que el personal docente tenga un concurso al año, el sanitario también, el laboral cuatro resoluciones en un mismo año, y que haya personal funcionario que no haya podido concursar en 11 años”, matizó, para añadir que “hay situaciones personales y gastos imposibles de soportar”. En este último concurso, recordó que se admitieron 4.856 solicitudes y se adjudicaron 2.701 plazas “que han quedado más que en el aire”, sin contar los funcionarios que están pendientes de que se resuelva este concurso para volver a concursar.
Mariano Prieto entendió que el primer Catálogo de Puestos Tipo fuera anulado, ya que “siempre se pueden cometer errores”, pero sostuvo que cuando se anula de nuevo, “se empieza a pensar que nunca hubo un interés real en ajustarse a la legislación. “Que hubiera 78 demandas judiciales contra el Catálogo de Puestos Tipo, las relaciones de puestos de trabajo y el concurso es reflejo del nulo interés negociador de los responsables de Función Pública de aquel momento, de Santiago-Juárez y Marta López”, denunció.
Por ello, el dirigente de CSIF consideró que se “ha perdido tiempo, mucho, y los funcionarios no se merecen esto”, y remarcó que la nueva directora de Función Pública, Paloma Rivero, “demuestra otro talante” y ya ha convocado una reunión el próximo día 26 de diciembre para tratar el tema del concurso.
“El daño está hecho pero apostamos por la resolución del concurso, al ser la forma legal de mejorar la conciliación laboral y familiar, la labor profesional en igualdad de condiciones y sin comprometer la imparcialidad del funcionario. El concurso afecta a personas, no a números, y de una manera u otra, el mal funcionamiento de la Administración en este tema les está costando dinero”, zanjó Mariano Prieto.
