La portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista de Salamanca, Rosa Rubio, mostró este viernes su «más absoluto rechazo» a la eliminación por parte de la Junta de Castilla y León, del impuesto de sucesiones y donaciones. En ese sentido, remarcó que “con el déficit que tiene la Comunidad no se pueden permitir el lujo de prescindir de ingresos que rondan los 180 millones de euros», según informó a través de un comunicado.
Además, Rubio aseguró que “este cálculo deriva de los últimos ejercicios” y criticó que la Junta pida “más recursos al Gobierno central mientras renuncia a estos”, en ese sentido, recordó que es una «irresponsabilidad» por parte del Ejecutivo «eliminar impuestos a los que más tienen, para privar de derechos a los que menos tienen». La diputada salmantina señaló que «dejar de ingresar esa cantidad va a suponer recortes en servicios básicos y esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales”.
Por otra parte, sostuvo que con las reducciones y bonificaciones que existen en la actualidad, “el impuesto que ahora va a quitar la Junta afecta a poco más de 5.000 personas”, frente a los 2,5 millones que viven en Castilla y León.
Rubio recordó también que estas bonificaciones “ya se quitaron en 2009”, si bien volvieron a establecerse en 2012.
A su vez, Rubio acusó a la Junta de «falsear la realidad» cuando dice que se elimina el impuesto “para eliminar la restricción al relevo intergeneracional de empresas y negocios en vida”, dado que existe una reducción del 99 por ciento para la adquisición por herencia de explotaciones agrarias o empresas, un 99 por ciento para la donación a patrimonios protegidos de contribuyentes con personas con discapacidad, víctimas del terrorismo o para adquirir una vivienda habitual si los hijos son menores de 36 años.
Existe también la reducción del 99 por ciento para la constitución o ampliación de una empresa individual o negocio profesional y la herencia directa de padres a hijos tiene una reducción de 400.000 euros por contribuyente, según recordó.
Desde el PSOE entienden que “es una obligación del PP y Ciudadanos velar por los ingresos de nuestra Comunidad”, además, de vigilar que cada uno pague en razón de lo que tiene, luchar contra el fraude y prestar a nuestros vecinos los servicios a los que tienen derecho y para ello, “están obligados a velar por nuestros recursos y no favorecer a unos pocos en detrimento de unos muchos” concluyó.
