CyL, una comunidad hacia el colapso

[dropcap]S[/dropcap]i agitadas han bajado y siguen bajando las aguas de la política nacional, Castilla y León ha dejado atrás un paréntesis navideño en el que las mociones segregacionistas aprobadas por varios ayuntamientos leoneses, con el de la capital a la cabeza, han puesto en evidencia las frágiles costuras de la actual comunidad autónoma.

 La segregación de Castilla y León en dos comunidades diferenciadas requeriría un complejo recorrido legislativo absolutamente inviable sin el consenso previo del PSOE y del PP tanto en el Parlamento Autonómico como en las Cortes Generales (Congreso y Senado). Y ya hemos visto que ninguno de los dos partidos mayoritarios está por esa labor.

Da lo mismo. Aunque jurídicamente el conato segregacionista no tenga mayor recorrido, políticamente ha dejado al desnudo el fracaso colectivo de una comunidad que, 36 años después de su constitución, nunca ha dejado de ser la suma invertebrada de nueve provincias cada vez con mayores desigualdades. La desafección del común de los leoneses con las instituciones autonómicas era ya sobradamente conocida. Tanto como lo es el ínfimo sentimiento de pertenencia a una misma comunidad en el resto de las provincias.El alcalde de León, José Antonio Díez, apoyó la moción leonesista contra las directrices expresas de Ferraz, que incluso considera inconstitucional dicho pronunciamiento. Y el PP ha amenazado con adoptar medidas disciplinarias contra los alcaldes y concejales que incurran en esa veleidad.

 Será casualidad o no, pero esa desafección leonesa ha rebrotado justo en un momento en el que el consenso básico y de fondo mantenido por el PP y el PSOE desde la puesta en marcha de esta comunidad se ha quebrado de la forma más abrupta. Y ello dejando a la intemperie la clave de bóveda que, pese a toda clase de precariedades, ha sostenido el edificio común desde 1983.

Sin embargo, a partir del vigente pacto de gobierno alcanzado por PP y Ciudadanos en detrimento de la fuerza más votada en las elecciones autonómicas, que no fue otra que el PSOE, los puentes entre los dos partidos mayoritarios han saltado por los aires. Incluso para cuestiones como la reforma del Estatuto de Autonomía, que, al requerir mayoría reforzada, solo pueden salir adelante mediante el consenso de ambos. Y en tramitación están de forma paralela dos proposiciones de reforma del Estatuto condenadas de antemano al fracaso.  PP-C´s, un bipartito de efectos disolventes.- La dilatada hegemonía del PP a partir de 1987 nunca fue óbice para que los grandes asuntos de comunidad se abordaran siempre mediante acuerdo con la oposición socialista, de forma que el marco institucional y legislativo tejido desde entonces fuera resultado de un esfuerzo común y compartido por encima de esas diferencias ideológicas.

 Lo del Estatuto, que tiene que ver con lo de suprimir los aforamientos, no deja de ser a fin de cuentas un asunto menor. Lo realmente grave es que problemas tan vitales y acuciantes como el de la despoblación, la ordenación territorial o la reforma de la Sanidad, lejos de abordarse mediante pactos de comunidad, estén alimentando una confrontación global entre Junta y oposición. Y eso es algo inédito y sumamente negativo para el interés general de castellanos y leoneses.

La reforma de la atención primaria rural, lanzada por la consejería de Sanidad sin ninguna clase de consenso político, social y profesional (véase la postura del presidente del Consejo de Colegios Médicos), ha sido la primera ofensiva. Pero hay otras en ciernes y de no poca importancia.  Se da la paradoja además de que el encargado de volar cualquier consenso con la oposición está siendo Ciudadanos, el socio minoritario, que con  12 de los 81 procuradores de las Cortes, ha irrumpido como elefante en cacharrería en el gobierno de la comunidad. Con el consentimiento, tácito o expreso, del presidente Fernández Mañueco, el comando encabezado por el vicepresidente Igea ha emprendido una política de tierra quemada que lleva camino de no dejar títere con cabeza.

Cambio de reglas a mitad del partido.-  En plenas Navidades la consejería de Transparencia ha iniciado el proceso para eliminar de la Ley de Ordenación del Territorio aprobada en 2013 la mayoría parlamentaria cualificada establecida para aprobar de los mapas rurales pendientes de delimitar. Esta mayoría cualificada de dos tercios de las Cortes Regionales (54 procuradores) obligaba a pactar con el PSOE la aprobación de dichos mapas, ya que PP y Ciudadanos disponen únicamente de la mayoría simple y raspada de 41 escaños.

 De forma y manera que, antes de presentar propuesta alguna sobre dichos mapas, Igea ha promovido -obviamente, con el beneplácito de Mañueco-  una reforma de la Ley que, al cambiar las reglas a mitad del partido, supone toda una nueva declaración de guerra al PSOE, que por cierto cuenta con 3.836 concejales en la comunidad frente a los 745 logrados por Ciudadanos en las últimas elecciones municipales.

En el momento más critico desde que Castilla y León accedió a la Autonomía, Fernández Mañueco está permitiendo que un iluminado político como Igea, sedicente líder regional de un partido tan inconsistente como Ciudadanos, esté dinamitando, uno a uno, todos los consensos sobre los que, mal que bien, se ha ido sosteniendo esta comunidad autónoma. Una inaudita temeridad conducente hacia un colapso del que será máximo responsable un presidente de la Junta incapaz de asumir las riendas del gobierno que preside. Por romperse, se ha roto incluso el consenso sobre el sistema de financiación autonómica, es decir, la posición de comunidad a defender por Castilla y León el día que por fin se revise un modelo que penaliza el envejecimiento y la dispersión de la población que encarecen los servicios básicos que presta la Administración Autonómica.