[dropcap]L[/dropcap]a gran mayoría quería un gobierno moderado y lo que vamos a tener es uno radical y populista al que se suman los separatistas”, escribía en Twitter el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, horas antes de que diera comienzo el pasado debate de investidura”. “Pedro Sánchez dinamita la lealtad institucional y la colaboración entre territorios”, twuiteaba después de conocer el discurso de investidura. “No explica cómo va a financiar servicios comprometidos y que tendremos que desarrollar las CC.AA.”, añadía.
Por su parte, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, retwitteaba el mensaje anterior y al día siguiente contestaba en la misma red al socialista Luis Tudanca, quien había calificado la investidura como “la victoria de la esperanza sobre el odio, de la democracia sobre el insulto”. “Quienes triunfan en esta investidura son quienes quieren un Estado débil (…) los extremos y las trincheras”, afirmaba Igea.
Aún no se había conformado el nuevo gobierno central y la Junta ya se ponía en línea con la estrategia anunciada por Casado de convertir los gobiernos autonómicos gobernados por el PP en “dique de contención” para frenar al nuevo Ejecutivo presidido por Sánchez. Como no podía ser de otra forma, el presidente y el vicepresidente respaldaban la oposición frontal del PP y Ciudadanos a la investidura de Sánchez, aunque, a decir verdad, sin el tremendismo verbal de Pablo Casado e Inés Arrimadas, quienes sin llegar a calificarla de “golpe de Estado”, no se quedaron a la zaga de Santiago Abascal en sus ex abruptos contra el líder socialista.
Al servicio de Casado.- Y el gobierno de Fernández Mañueco se ha puesto inmediatamente a la tarea encomendada desde la calle Génova, vaticinando los perjuicios que se ciernen sobre Castilla y León en esta nueva etapa abierta en la política española. Se da por descontado que las concesiones y peajes territoriales a satisfacer a los partidos que, por acción u omisión, han facilitado la investidura serán a costa de las comunidades autónomas gobernadas por el frente político contrario a la misma. De entrada, en dos campos fundamentales. De un lado, la reforma del actual modelo de financiación autonómica, esto es, los nuevos criterios bajo los que se repartan los fondos que el Estado transfiere a las Autonomías; de otro, la distribución territorial de las inversiones de los próximos Presupuestos Generales del Estado.
Nadie duda de que esos riesgos están ahí, pero no habrá ocasión de verificarlos mientras no se presenten y aprueben esos nuevos Presupuestos, sin lo cuales ni se abrirá el melón del modelo de financiación ni obviamente se programarán nuevas inversiones estatales.
Asociar al nuevo gobierno con todos los males potenciales es el preludio perfecto para practicar desde el primer día la estrategia del agravio y el victimismo practicada en el pasado por el PP cada vez que un socialista ha ocupado La Moncloa. Lo hicieron Juan José Lucas y Juan Vicente Herrera cuando gobernaron en solitario Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero y en ello ya está Fernández Mañueco. En su derecho -diría más, en su obligación- está la Junta de permanecer vigilante ante cualquier discriminación, pero no a dar por hecho de antemano algo que no se ha producido. Y tampoco estaría de más que valorara algún aspecto positivo para la comunidad, cual es la apuesta que supone situar el Reto Demográfico al nivel de la Transición Ecológica en la nueva vicepresidencia encomendada a Teresa Ribera, así como el compromiso contraído de una transición justa para la desaparecida minería del carbón.
Cortina de humo.- Culpabilizar de todo al gobierno socialista constituye a la vez la cortina de humo perfecta para desviar la atención de la ineficacia de la propia Junta para gestionar sus competencias y su incapacidad para afrontar los graves problemas estructurales que aquejan a la comunidad. Verbigracia, acabamos de conocer que a 30 de noviembre pasado tan solo se habían ejecutado 332 millones de los 587 millones de euros de toda la inversión pública presupuestada para el año 2019. Una falta de ejecución presupuestaria que no ha impedido que el déficit autonómico se haya desbocado en octubre hasta el 0,88 del PIB regional (532 millones de euros), ocho veces más del límite fijado.
Por mucha ingeniería contable que se aplique en su elaboración, unos nuevos Presupuestos dejarían al descubierto el verdadero agujero financiero de la Administración Autonómica y con ello la chirriante decisión de eximir del impuesto de sucesiones que hasta ahora tributaban las herencias superiores a los 400.000 euros. Renunciar a ingresar varias decenas de millones de euros cuando las arcas autonómicas están exhaustas retrata a la perfección el sesgo ideológico que comparte el bipartito que gobierna la Junta. Los anteriores datos abonan la sospecha de que el déficit estructural que la comunidad autónoma pretende enjugar con la reforma del modelo de financiación está actualmente muy por encima de los 400 millones anuales en que lo cifraba el gobierno Herrera. Y puede que ahí radique la verdadera razón por la que la Junta, incumpliendo su obligación estatutaria, haya optado por prorrogar por segundo año consecutivo los Presupuestos de la comunidad, con todos los perjuicios que ello acarrea.
En esa vieja estrategia del PP de camuflar sus propias responsabilidades, a Fernández Mañueco le viene de perlas el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, perfecto chivo expiatorio para endosarle todos los males de esta infortunada comunidad autónoma.
