El investigador Policarpo Sánchez ha iniciado un pleito contra la Generalitat de Cataluña para reclamarle por vía judicial los papeles que han salido del Archivo de la Guerra Civil, hoy Centro Documental de la memoria Histórica.
El recurso contencioso administrativo contra la Generalitat se ha interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. «No ha sido posible otra salida: el Gobierno regional de Cataluña está en rebeldía contra el Estado de Derecho y se burla del ordenamiento jurídico español. Para cumplir la Ley no es necesario un requerimiento judicial, todos estamos obligados a cumplirla, y cómo no, las administraciones públicas. Pero la Generalitat se niega: ni cumple las Sentencias ni las Leyes. Por eso, no nos ha quedado más remedio que acudir a los Tribunales. Todo el peso de la Ley debe caer sobre los responsables», dijo este lunes Policarpo Sánchez.
El investigador solicita al juez que ordene a la Generalitat la devolución al Archivo General de la Guerra Civil de todos los documentos y otros efectos que no fueron incautados en Cataluña a personas naturales o jurídicas de carácter privado, con residencia, domicilio, delegación o secciones en Cataluña. «La Ley ha sido claramente vulnerada, al haberse restituido documentos y efectos que no cumplían estos requisitos. De nada sirven las excusas del consejero de Cultura catalán, que avala los errores en la intervención de la Comisión Mixta Gobierno – Generalitat. El Juez depurará las responsabilidades que correspondan a ambas instituciones. Además, el consejero catalán miente al asegurar que esos documentos ya han sido devueltos al Archivo de Salamanca, como hemos podido comprobar en medios oficiales de la Generalitat», explicó Pilicarpo Sánchez.
Devolución de todos los documentos
El demandante también pedirá al Tribunal la devolución de todos los documentos que la Generalidad de Cataluña no ha restituido a sus legítimos propietarios. Esta documentación se reclama por varias razones: bien por haber transcurrido el plazo previsto para su restitución, bien por haberse cometido irregularidades en su entrega, tales como haber otorgado su titularidad a personas o entidades que nada tienen que ver con sus legítimos propietarios o sus sucesores. «Solicitaré al Juez que persiga y depure responsabilidades, y pondré en su conocimiento al menos cuatro casos que suponen un flagrante fraude de Ley, que afecta, al menos, a 215.793 documentos que deberían haber sido devueltos al Archivo de Salamanca. Se han llegado a modificar torticeramente los estatutos de Organizaciones constituidas después de la Guerra Civil al objeto de hacerlas pasar como titulares de la documentación incautada durante la Guerra Civil», desgranó Sánchez.
El demandante explica que «aunque nuestro principal objetivo es el cumplimiento de la ley, con la consiguiente devolución a Salamanca de la documentación, en unos casos, y la realización de las copias digitales en otros, en el momento procesal oportuno entregaremos al juez las pruebas que pudieran suponer los delitos de falsedad de documental y prevaricación cometidos por altos cargos de la Generalitat de Cataluña y del Ministerio de Cultura, algunos de los cuales permanecen en sus cargos con el actual Gobierno de Mariano Rajoy, y que han tratado de ocultar por todos los medios a su alcance las graves irregularidades cometidas en la selección y traslado de los documentos a Cataluña».
