La decisión de Pablo Casado de comprarle a Vox la mercancía del llamado “pin parental” ha puesto en un brete al PP en las comunidades que gobierna. En la Junta de Castilla y León, donde lo hace en coalición con Ciudadanos, el asunto estaba completamente zanjado desde el momento en que la consejería de Educación rechazó el pasado mes de octubre esa posibilidad.
La consejera, Rocío Lucas, recibió a finales de dicho mes a dos representantes de grupo ultracatólico “Hazte Oir”, promotora original de la censura paterna que ahora promueve Vox con la aquiescencia de la cúpula nacional del PP. Los representantes de dicho grupo propusieron a Lucas la aplicación inmediata del “pin parental”, asegurando tener constancia de que en algunos centros educativos de la comunidad se estaban programando en horario escolar actividades “de adoctrinamiento sexual en ideología de género”.
Según informó entonces “Hazte Oir”, la consejera negó rotundamente que en Castilla y León pudiera existir dicho adoctrinamiento y rechazó de plano la posibilidad de que pudiera implantarse el pretendido “pin”. A partir de ahí cualquier duda quedaba resuelta.
Sin embargo, visto que Casado se ha alineado con la posición de Vox, el PP de Castilla y León ha comenzado ahora a ponerse de perfil para no contrariar a su presidente nacional. Así se desprende de la posición del portavoz del grupo popular en las Cortes, Raúl de la Hoz, quien, entrevistado por “Diario de Valladolid”, se sorprende de la reacción del gobierno central ante “una medida que lo único que pretende, con mayor o menor fortuna, es garantizar que los padres se responsabilicen de la Educación de sus hijos”. Y preguntado sobre cual será la posición del PP si, como es previsible, el procurador de Vox suscita el asunto en las Cortes, De la Hoz se sale por los cerros de Úbeda hablando del adoctrinamiento en los colegios catalanes.
P.S.- En entrevista emitida en la tarde de hoy por la cadena SER Castilla y León, el presidente de la Junta ha descartado la implantación del “pin parental”, argumentando que no consta la existencia de ningún tipo de “adoctrinamiento” en los centros educativos de esta comunidad autónoma.
