El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, aseguró que son «asumibles» para las arcas de la Comunidad, que se rigen por una prórroga presupuestaria de las cuentas de 2018, los 80 millones de euros que supondrá la subida del salario de los empleados públicos, unos 84.000, en un 2% y con efectos retroactivos al 1 de enero de este año.
ICAL. En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Francisco Igea informó de que la Junta aprobará en la reunión del próximo jueves el decreto que aplicará la subida en las nóminas de los empleados públicos, una vez que este martes el Consejo de Ministros adoptó esta decisión, que emana de un acuerdo firmado en 2018 por el Gobierno del entonces presidente Mariano Rajoy y los principales sindicatos de la función pública.
En ese sentido, el portavoz de la Junta confirmó que será el 30 de enero cuando se aprobará la norma para que se suba el salario de los empleados públicos, como avanzó este miércoles el Ejecutivo en un comunicado, que informaba de una reunión entre los consejeros de la Presidencia y Economía y Hacienda, Ángel Ibáñez y Carlos Fernández Carriedo, para iniciar la elaboración del citado decreto.
Asimismo, Igea avanzó que la Junta ha convocado a los sindicatos a la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos y al Consejo de la Función Pública, como solicitó UGT este miércoles por carta.
De la misma forma, el vicepresidente insistió en que la Junta va a dar su tiempo a los sindicatos para que gestionen sus procesos preelectorales en relación a la aplicación de la jornada ordinaria de 35 horas semanales, que exigen estas organizaciones, al figurar en un acuerdos suscrito por el anterior Gobierno autonómico.
Al respecto, Francisco Igea aseguró que esperarán a dar respuesta al requerimiento enviado, previo al contencioso, para conocer si es suficiente. «Veremos si lo hacen o no», dijo en relación a la posibilidad de que los sindicatos exijan el cumplimiento del pacto alcanzado con la Junta en los tribunales.