[dropcap]E[/dropcap]l victimismo político tiende por naturaleza a exagerar los presuntos agravios, si es que no sencillamente a inventárselos. Gobernaba todavía Mariano Rajoy cuando, en plena escalada soberanista en Cataluña, el hoy alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell demostró datos en mano que aquel mantra del “España nos roba” resultaba harto falaz.
Sin percatarse del deslizamiento, el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, no ha empleado el verbo robar, pero no muy lejos del mismo anda de ello la acusación de “aprobación indebida” con la que ha calificado el hecho de que el ministerio de Hacienda no haya abonado a las arcas autonómicos las 124 millones de euros que corresponderían a la liquidación del IVA de diciembre de 2017. Sin incurrir en tan osada imputación, tampoco ha estado muy afortunado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al calificar dicho impago de “deslealtad” del nuevo Gobierno con esta comunidad autónoma.
“Y dos huevos duros…!”.- Lo de presentar al gobierno central como recalcitrante moroso digno de ser visitado por el cobrador del frac lo ha practicado la Junta cada vez que La Moncloa ha estado ocupado por un presidente socialista. Alcanzó su máximo nivel en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, al que el gobierno de Juan Vicente Herrera llegó a endosar una deuda de 1.324 millones de euros, 724 de ellos correspondientes al modelo de financiación y otros 650 por incumplimientos de compromisos contraídos en los Presupuestos Generales del Estado. Solo le faltó añadir el célebre “¡Y dos huevos duros…! que sumaba a la comanda Chico Marx en “Una noche en la ópera”.No puede considerarse una “deslealtad” hacia Castilla y León en concreto un contencioso que afecta a todas las demás comunidades autónomas (con las únicas excepciones de las de régimen foral). Según el ministerio de Hacienda, el problema tiene en su origen en una modificación normativa introducida en su día por el ministro Cristóbal Montoro, de resultas de la cual el IVA de ese mes de diciembre de 2017 quedó en una especie de limbo del que ya no es recuperable. Ante ello, algunos gobiernos autonómicos, entre ellos la Comunidad de Madrid, han llevado al asunto a los tribunales, que son los que a la postre decidirán.
El intrépido consejero portavoz de entonces, José A. de Santiago-Juárez, hizo sus particulares cuentas y concluyó que el gobierno Zapatero debía 2.018 euros a cada familia de esta comunidad. Una deuda de la que Herrera y su gobierno se olvidó por completo tan pronto Rajoy llegó a La Moncloa. Por el contrario, la que se fue disparando casi exponencialmente fue la deuda pública de la Junta, que en los siete años siguientes pasó de 5.804 a 12.360 millones, lo que, siguiendo esa extrapolación, supone que a fecha de hoy cada familia castellano-leonesa debe 18.000 euros.
Las prisas del incumplidor.- Después de tan irresponsable dejación presupuestaria, a la Junta le han entrado ahora de repente las prisas por presentar sus Presupuestos para 2020. Y ha sido, qué casualidad, a raíz de que el presidente Mañueco iniciara una ronda de visitas institucionales por las nueve provincias, en las que viene reuniéndose -hasta ahora ha estado en Zamora, León y Soria- con los alcaldes de cada capital y presidentes de las respectivas Diputaciones provinciales. Y como suele ocurrir en estos casos, en esos encuentros Mañueco ha tenido que comprometerse a actuaciones e inversiones imposibles de llevar a cabo en la actual situación de prórroga presupuestaria. Trampantojos aparte, lo cierto y verdad es que el nuevo gobierno ha comunicado a las comunidades autónomas el importe que les va a transferir a lo largo de 2020, que en el caso de la Junta se cifra en 6.443 millones de euros. El conocimiento de ese dato era una de las inconsistentes excusas alegadas por la Junta para incumplir el mandato estatutario de presentar antes del 15 de octubre el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad para el año siguiente, obligación que han cumplido la mayoría de los gobiernos autonómicos.
Han tenido que sobrevenir dichos compromisos para que la Junta se haya desperezado y empiece a trabajar en unos nuevos Presupuestos, sin los cuales no se pueden implementar nuevas políticas ni acometer nuevas inversiones. El dato que acaba de hacer público la Cámara de Contratistas no puede ser más revelador: Durante los 9 primeros meses de 2019 el volumen de obra pública licitada por la Administración Autonómica descendió hasta 232,4 millones de euros, un 28,4 por ciento del licitado en el mismo periodo del año anterior (324,6). Y si esto ha ocurrido en 2019, primer año de prórroga presupuestaria, qué no ocurrirá en este 2020 con esas mismas cuentas por segunda vez prorrogadas.
Habilitará fondos para cumplir sus obligaciones ineludibles, como el incremento en un 2 por ciento de los salarios de sus funcionarios (alrededor de 80 millones de euros) y seguirá dando largas a otros compromisos, empezando con los contraídos con sus mismos empleados públicos sobre restitución de la jornada laboral de 35 horas, abono de los fondos adicionales de 2018 y 2019 o desarrollo de la carrera profesional. Unos incumplimientos en materia de Función Pública que están lastrando el Diálogo Social y que han motivado un calendario de movilizaciones que culminará el 27 de febrero con una convocatoria regional en Valladolid. El mal ya está hecho y por mucha prisa que se de el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, Castilla y León no podrá estrenar nuevos Presupuestos hasta mediados de año. Hasta entonces el gobierno bipartito PP-Cs seguirá parcheando como hasta ahora, con palos de ciego como los aplicados por la consejera Verónica Casado en una Sanidad Pública cada día más degradada por su déficit de plantillas tanto en atención primaria como hospitalaria.
El problema es que, a falta de que se confirme el dato oficial, el déficit presupuestario de la Junta se ha disparado en 2019 hasta un importe que viene a cuadriplicar esos 124 millones del IVA de la discordia.
