La Fiscalía Anticorrupción solicita en su escrito de acusación una condena de ocho años de cárcel para Ignacio González, sucesor de Esperanza Aguirre en la presidencia de la Comunidad de Madrid por los delitos de fraude a la administración y malversación de caudales públicos por comprar a través de la empresa pública del agua de Madrid, el Canal II, la empresa brasileña Emissao por 30 millones de dólares, un precio muy por encima de su valor real.
Ese sobreprecio (de entre 7 y 9 millones de euros) se pactó con el presidente de la compañía brasileña para que González se embolsara una mordida junto a los otros tres implicados en la operación (pertenecientes a filiales del Canal, uno de los cuales de Luis Vicente Moro que fue delegado del Gobierno en Ceuta en los gobiernos de Aznar).
Entre los cuatro se repartieron 4,8 millones de euros del dinero público pagado de más en la operación, de los que González se quedó con 1,8 millones y Moro con unos 900.000.
