El Gobierno, a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, acordó asignar a Castilla y León para el primer trimestre del año casi 225 millones euros con cargo al Fondo de Financiación a las comunidades autónomas, del total de 16.804,3 millones destinados a este fin. En concreto, se destinan 9.939,3 millones de euros al compartimento de Facilidad Financiera (FF) y 6.864,99 millones al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Así, Castilla y León recibe el 1,34 por ciento del global de fondos aprobados.
ICAL. Castilla y León se encuentra, junto con Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y la Rioja, entre las comunidades que reúne los requisitos exigidos para acogerse al compartimento de Facilidad Financiera, dotado con 9.939,38 millones de euros. Por su parte, las comunidades de Murcia y Comunidad Valenciana se mantienen en el FLA, al que se ha adherido voluntariamente Andalucía.
Cataluña asume la mayor parte de la Facilidad Financiera, con 5.620 millones de euros, seguida por Castilla-La Mancha, con 1.197. En cuanto al FLA, se reparte entre 3.120,24 millones para Valencia; 2.984,22 para Andalucía; y 760,53, para Murcia.
Por su parte, Comunidad de Madrid, País Vasco y Navarra no solicitaron financiación con cargo al Fondo de Financiación 2020, mientras que tampoco se incluye asignación para Asturias, que comunicó su intención de dar cobertura a sus necesidades de financiación de 2020 acudiendo a los mercados.
En la reunión de la comisión de este viernes se aprobó también la mejora de las condiciones financieras de las operaciones de crédito formalizadas en el primer trimestre de 2020 con cargos a los compartimentos FF y FLA. Entre las novedades de dichas condiciones, se amplía el plazo de los préstamos de 10 a 12 años y se amplía de dos a cuatro años la carencia, durante los que las comunidades no devolverán amortizaciones de los préstamos que se formalicen por el Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas 2020.
Estas medidas atienden las peticiones de las comunidades sobre los plazos del fondo y van en la línea de facilitar en un futuro una recuperación de la autonomía financiera de las comunidades autónomas en los mercados. Además, se ha suprimido la condicionalidad recogida en ejercicios anteriores, excepto determinados aspectos que se mantienen y que inciden directamente en la relación con la sostenibilidad, la estabilidad presupuestaria y la transparencia de las cuentas públicas, así como en relación con la garantía en la prestación de los servicios fundamentales.
