Medio millón por el despido improcedente de trabajadores en la Diputación

Una reciente sentencia ha condenado a la Diputación de Salamanca por despido improcedente de las trabajadoras de la guardería Guillermo Arce, perteneciente a la institución provincial, y al pago de una indemnización cercana al medio millón de euros.

«Casi 500.000 euros cuando si se hubieran hecho bien las cosas por parte del equipo de gobierno del PP encabezado por Javier Iglesias, el coste de este desmantelamiento de un servicio público no debería haber supuesto más de 90.000 euros de dinero público», según denunció este jueves el grupo socialista en la Diputación.

La guardería infantil Guillermo Arce acogía casi 80 niños, o lo que es lo mismo, representaba un 15% de las plazas públicas disponibles para niños de cero a tres años en la provincia de Salamanca.

Según el PSOE, «estos datos justifican por sí solos la petición socialista para mantener la prestación de este servicio ya que ¿qué tipo de gestión de lo público se justifica en el ahorro suprimiendo servicios públicos?», se ha preguntado el diputado socialista Manuel Ambrosio Sánchez, quien se cuestiona «para qué alardea la Diputación de superávit o de remanente cuando está suprimiendo servicios públicos a los ciudadanos».

El PSOE considera que en este asunto ha habido una «responsabilidad patrimonial por la que debe responder el equipo de gobierno del PP. Desde el responsable o director de área de recursos humanos, pasando por el diputado del equipo de gobierno, José María Sánchez, y llegando hasta el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, ninguno ha tenido voluntad, intención ni capacidad para negociar en algún momento con las trabajadoras despedidas de la guardería Guillermo Arce, lo que además de ir en contra de la dignidad de los trabajadores, ha supuesto que la institución provincial haya tenido que ser condenada a pagar casi medio millón de euros por despidos improcedentes», indicó.

A esto, ha añadido, hay que añadir la «esperpéntica situación» de que quien representa a la Diputación de Salamanca en la defensa de los intereses jurídicos de esta institución en este caso, y nombrado a dedo expresamente para ello, es el propio director del área de recursos humanos que es quien ha originado este problema «por su falta de diligencia, mano derecha del diputado de Bienestar Social, y concejal del PP en el municipio de Calzada de Don Diego».

En definitiva, han concluido los diputados provinciales socialistas, «lo que este asunto demuestra es una suma de amiguismo político clientelar de un determinado partido, en este caso el PP, de incompetencias y prepotencias por parte del equipo de gobierno que ha ocasionado en primer lugar el desmantelamiento de un servicio fundamental para la provincia de Salamanca y, en segundo lugar, un desastre dineral para las arcas de la Diputación».