El Consejo de Ministros aprobó este martes los proyectos de ley para la creación de los nuevos impuestos a determinados servicios digitales, también conocido como tasa Google, y a las transacciones financieras (tasa Tobin), según anunció la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión.
El Ejecutivo inicia así la tramitación de estos nuevos tributos, que en las próximas semanas deberán ser presentados en el Congreso de los Diputados para continuar con el proceso parlamentario. La intención del Ejecutivo es agilizar la tramitación de estos dos proyectos de ley para que puedan empezar a recaudar este mismo año. Así, su tramitación será independiente pero paralela a la del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2020, que el Gobierno espera que quede aprobado a lo largo del verano, y que ya contemplará estas figuras en el apartado de ingresos.
Los anteproyectos de estos dos nuevos impuestos ya fueron aprobados por el Consejo de Ministros en octubre de 2018 para iniciar su tramitación parlamentaria, de forma independiente al proyecto de Presupuestos de 2019, pero la convocatoria de elecciones y el fin de la legislatura hizo que decayeran y que ahora haya que comenzar el trámite de nuevo.
Según destacó Montero, la creación de estas dos nuevas figuras impositivas responde a la necesidad de “avanzar en un sistema fiscal más justo” que recoja “nuevas áreas de actividad” y que adapte la fiscalidad a la globalización. “No se puede tener un Estado del Bienestar con un sistema tributario caduco”, aseguró, para a continuación agregar que, de la misma manera que existen nuevas oportunidades de negocio, “es necesario que la fiscalidad se mueva en esta misma dirección”.
Tasa Tobin
La previsión de recaudación del Gobierno con el impuesto a las transacciones financieras, indicó la ministra de Hacienda, es de 850 millones de euros. En concreto, el proyecto gravará con un 0,2 por ciento las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en las operaciones, siempre que sean empresas cotizadas y que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a los 1.000 millones de euros.
Sobre este impuesto, la ministra también detalló que no se verán afectados los productos derivados, siguiendo un modelo “muy similar” al del tributo ya aprobado en otros países como Francia, Bélgica e Italia, pero no descartó que estos productos se puedan incluir en el futuro en un tributo global que se acuerde en la UE o la OCDE. En el caso de este tributo, Montero defendió su creación recordando que “el sector financiero recibió durante la crisis un importante apoyo e inyección económica del Estado”.
Tasa Google
En cuanto al impuesto a determinados servicios digitales, gravará con un tipo del tres por ciento a las empresas con ingresos anuales de 750 millones de euros a nivel mundial y que tengan ingresos superiores a tres millones de euros en España. Los servicios a los que se aplicará este impuesto serán los de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.
En el proyecto de cuentas públicas de 2019 del Gobierno la estimación de recaudación era de 1.200 millones de euros con este impuesto, mientras que ahora el Ejecutivo espera recaudar 968 millones de euros, coincidiendo con la previsión que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) hizo en 2018 de cara a 2019. La rebaja en la previsión de ingresos se debe, según Montero, a la ralentización de la economía.
Además, Montero explicó que la liquidación de la tasa Google será trimestral, pero que, de forma excepcional en este primer ejercicio que estará en vigor, se retrasará el pago al menos hasta el 20 de diciembre con el objetivo de esperar a que se alcance un acuerdo global en el seno de la OCDE y el G20 y también permitir que las empresas tengan tiempo para adaptarse al nuevo tributo y hagan frente al impuesto en un único pago.
La portavoz del Gobierno argumentó que el impuesto sirve para “evitar competencias desleales” de estas empresas a las que afecta el tributo respecto a la economía tradicional, “que sí tienen un traje a medida en la fiscalidad tradicional”. Asimismo, destacó la vocación del Gobierno de que se avance a nivel internacional para alcanzar un consenso sobre este impuesto, y declaró que este proyecto a nivel nacional, “sirve de avanzadilla” para ir en esa dirección.
