El proyecto de ley presentado por el Gobierno de coalición de PP y Cs para la eliminación en la práctica del Impuesto de Sucesiones y Donaciones sigue adelante después de que ambos socios tumbarán este miércoles, en el pleno de las Cortes, la enmienda a la totalidad socialista que ve “elitista” esta reforma fiscal.
En la presentación del proyecto, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, argumentó que es una eliminación positiva, de justicia social y de equidad al evitar una doble imposición en bienes por los que se ha tributado y que contribuirá al crecimiento económico y la creación de empleo.
Tras recordar que cumplen con el acuerdo de Gobierno con Cs y con el discurso de investidura de la Junta, destacó la bonificación del 99 por ciento tanto en sucesiones directas padres, hijos y cónyuges como en donaciones intervivos, para una medida que beneficiará cada año a entre 5.000 y 15.000 personas que no pagarán 17,4 millones este año y 34,6 en 2021. “No siempre subir impuestos supone recaudar más”, aseveró.
La socialista Rosa Rubio, en la defensa de la enmienda a la totalidad que contó con el apoyo de Podemos, la abstención de Por Ávila y UPL y el voto en contra de PP, Cs y Vox, sentenció de entrada que se trata de una medida “injusta, farisea” y con la que la Junta no cuenta la verdad a los ciudadanos. “No es progresiva, es injusta y no pagan más los que más tienen”, anotó.
Rechazó que exista una doble imposición, que sea de justicia social cuando como máximo va a beneficiar a 15.000 personas y dejar de ingresar 52 millones que se podrían destinar a los servicios públicos y que suponga una regeneración empresarial ya que existe una bonificación del 99 por ciento en transmisión de un negocio.
“Les pido que sean valientes y cuenten la verdad, es un capricho naranja para satisfacer a los amigos azules”, aseguró Rubio, que tildó de “elitista” una reforma que deja fuera a 2.400.900 ciudadanos de la Comunidad para beneficiar al 1 por ciento. Como ejemplo, manifestó que pagarán cero euro dos hermanos que hereden 800.000 euros o tres con 1,2 millones.
Poco antes afeó al PP que en 2012 estuvieran a favor de eliminar el 99 por ciento de bonificación, lo que fue replicado por Salvador Cruz (PP) con el argumento de que no hubo más remedio, en contra del “ADN” de su partido que acudir a “medidas duras pero necesarias” por las políticas de José Luis Rodríguez Zapatero durante la crisis.
El debate se movió en un cruce de acusaciones entre Rubio y Cruz de mentir a los ciudadanos por no decirles la verdad de lo que supone la eliminación planteada. La primera recalcó que se renuncian a unos recursos mientras el déficit se triplica y se pide dinero al “papa Estado” y el segundo acusó al PSCyL de querer que los ciudadanos de esta comunidad sean los que más paguen cuando donde gobiernan tienen la misma desgravación que propone la Junta.
Beneficio para todos
“Beneficia a todos los ciudadanos de Castilla y León”, sostuvo Cruz, que puso como ejemplo que sin esta reforma la donación de 20.000 euros de un padre a su hijo supondría tributar 1.666 euros y cuando se apruebe la ley serán 16,6 euros. Cruz acusó al PSCyL de falta de coherencia por pedir aquí que se pague más cuando donde gobierna su partido siguen la misma política de la Junta.
El procurador del PP argumentó que comunidades con este impuesto al 99 por ciento como Extremadura tienen un déficit elevado y achacó el endeudamiento a la falta de recursos del modelo de financiación autonómica.
“Es injusto y desigual”, afirmó el procurador de Cs Pablo Izquierdo, alineado con los argumentos antes expuestos por el consejero y el portavoz popular de Hacienda. Así, recordó que ya se ha pagado impuestos por el bien heredado, como IRPF, transmisiones o bienes inmuebles y preguntó si son ricos, como dice el PSOE, las 40.000 personas que donan en vida. “Bajar impuestos aumenta la recaudación y la actividad”, anotó.
Rubio, que pidió la palabra para replicar al “cobarde Ciudadanos”, en una aseveración afeada por Carlota Amigo que solicitó su retirada pero la socialista indicó que se refería a cobardía política, preguntó a los grupos de gobierno si es justicia social que se beneficien un máximo de 15.000 personas.
A la enmienda a la totalidad se sumó Podemos ante la “política fiscal injusta” de PP y Cs, afirmó Pablo Fernández, que acusó a ambos socios de saltarse los preceptos de la Constitución y del Estatuto de Autonomía. “Esta reforma es a la justicia social como Voz al feminismo; como el señor Mañueco a la oratoria; como Igea a la realidad y como Díaz Ayuso a la historia”, concluyó.
