[dropcap]C[/dropcap]omo quedó patente durante su debate y votación, la investidura de Pedro Sánchez ha polarizado la política española en dos bloques opuestos que, si bien no son del todo monolíticos, resultan absolutamente excluyentes entre sí. De un lado, el gobierno bipartito PSOE-Unidas Podemos y la amalgama de formaciones (nacionalistas, independentistas, regionalistas y otros de difícil catalogación) que apoyaron la investidura y vienen respaldando la acción de gobierno. De otro, el bloque formado por PP, Vox y Ciudadanos, que, salvo discrepancias puntuales como la registrada sobre la regulación de la eutanasia, mantienen como elemento común su oposición frontal a un gobierno que consideran rehén de los enemigos de España.
Profecía autocumplida.- La profecía autocumplida incluye que esa negociación bilateral dotará de mejor financiación a Cataluña en perjuicio del resto de las comunidades, que dispondrán de menor porción en el reparto de la tarta estatal. Una supuesta discriminación que levanta ampollas en todas las demás Autonomías, quejosas sin excepción con el actual modelo de financiación autonómica, cuya revisión, aplazada por el gobierno Rajoy, no se cansan de reclamar. Y obviamente se dan por descontados los peajes y concesiones a satisfacer en forma de inversiones estatales con todas las formaciones políticas -incluida Teruel existe- que apoyaron la investidura. Para este bloque opositor, el solo hecho de abrir una mesa bilateral de negociación entre el gobierno central y la Generalitat ya supone toda una claudicación constitucional. De nada sirve que Sánchez se desgañite asegurando que de esa mesa no puede surgir ningún acuerdo que vulnere la Constitución, tal como sería un referéndum de autodeterminación o la promulgación de una amnistía. Da igual. El mero hecho de que ambos gobiernos se sienten juntos para iniciar un diálogo ya es considerado poco menos que un delito de lesa traición patria.
De ahí que Pablo Casado se apresurara a anunciar su estrategia de convertir las comunidades del PP en “dique de contención” para frenar al gobierno Sánchez. O lo que es lo mismo, utilizar los gobiernos autonómicos del PP para hacer oposición del gobierno de España. Y en esta estrategia está la Junta de Castilla y León, que mata dos pájaros de un tiro, ya que al convertirse en ariete contra el gobierno central, desvía de paso la atención sobre su errática gestión, cuando no sobre su absoluta pasividad sobre problemas de su más estricta competencia. Todo lo anterior ha creado el caldo de cultivo ideal para que las comunidades gobernadas por el PP (en solitario o en coalición con Ciudadanos) se abonen al victimismo del agravio y la discriminación de sentirse discriminadas por el actual Gobierno aun cuando éste no haya adoptado una sola medida que avale esa posición. (El kafkiano caso del IVA de diciembre de 2017 afecta a todas las comunidades no forales, en el caso de Cataluña por cuantía de 443 millones).
El contrapeso político del Delegado.- En este escenario de confrontación política nacional reproducida miméticamente en el ámbito autonómico hay que enmarcar el reciente relevo en la Delegación del Gobierno en Castilla y León. En el eje Ferraz-Moncloa se ha entendido que en una comunidad como ésta, en manos de PP y C´s, el Delegado del Gobierno no puede limitarse a cumplir su función de representar al Ejecutivo central y acompañar protocolariamente a los ministros de visita. Es imprescindible que ejerza a modo de eficaz contrapeso ante un gobierno autonómico declaradamente hostil al de la nación. Con la doble función de defender e impulsar la gestión ministerial en el ámbito de la comunidad autónoma.
El primer encargo especial que ha recibido es el de representar al Gobierno en la Mesa por el Futuro de León que se constituye el próximo mes de marzo. Ahí se enfrenta al reto de garantizar los compromisos de la Administración Central, cuyo papel resulta absolutamente decisivo para no defraudar las expectativas en la única provincia de la comunidad con mayoría socialista. Su condición de miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE sin duda refuerza la labor de impulso y mediación que tiene por delante. Y el hombre elegido ha sido Javier Izquierdo, cuya sólida trayectoria política, acreditada en la vida municipal y autonómica, junto a su posterior desempeño como Secretario General de Infraestructuras del ministerio de Fomento, se ajusta plenamente al perfil buscado. Arquitecto en excedencia de la propia Junta de Castilla y León, Izquierdo conoce muy bien los entresijos del gobierno autonómico, del que por cierto fue azote parlamentario en la anterior Legislatura, durante la que ejerció como portavoz socialista en materia de Economía y corrupciones varias.
Inquietud en el Colegio de la Asunción.- Mientras que con el nombramiento de Izquierdo el gobierno Sánchez ha movido pieza, en el Colegio de la Asunción siguen con inquietud el próximo desenlace de la huida hacia delante emprendida en Ciudadanos por el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea. Les preocupa que el pulso de Igea frente a Arrimadas modifique el actual “statu quo”.
“Estamos en un gobierno de coalición de PP y Ciudadanos y muchas veces da la impresión de que es Ciudadanos el que está imponiendo su línea y el PP está haciendo lo que Ciudadanos dice”, señalaba días atrás la ex consejera de Economía y Hacienda y actual portavoz del grupo popular en el ayuntamiento de Valladolid, Pilar del Olmo. Con ello Del Olmo se limitaba a constatar una evidencia irrebatible. Por muy insólito que resulte que el socio minoritario sea el que marque la pauta y lleve la iniciativa en el gobierno de la comunidad, Mañueco y los suyos están encantados con el papel secundario asumido por el PP frente a un compañero de viaje al que aspira a fagocitar más pronto que tarde.
