El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la remisión a las Cortes del proyecto de ley de educación que tiene como objetivo la transformación profunda del sistema educativo.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha avanzado que se trata de una norma que defiende una educación pública de calidad que garantice la equidad y la inclusión.
Por su parte, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha concretado que el destinatario universal de la futura ley es el alumnado, con independencia de su talento inicial: «El valor que pone el centro educativo es el diferencial entre el talento que entra en el aula y el talento que sale».
El corazón de la ley, ha apuntado la ministra, es la enseñanza personalizada a través de distintas metodologías que permitan hacer progresar al alumno a partir de su capacidad. El proyecto también impulsa las enseñanzas de Formación Profesional y moderniza los currículos para que sean más competenciales y menos enciclopédicos y memorísticos.
Además, evita los itinerarios segregadores con el fin de que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades. «No se puede segregar a un niño por razones socioeconómicas o de otra naturaleza», ha dicho Celaá.
Educación infantil
La ministra ha destacado que la futura ley pretende extender progresivamente la educación infantil de cero a tres años, incorporando, además, a los colectivos más desfavorecidos.
La etapa de primaria, cursada por niños de 6 a 12 años, constará de tres ciclos. Se elimina la jerarquía de materias en primaria y secundaria obligatoria (desaparece la división de material troncales, específicas y de libre configuración) y se suprimen las pruebas finales de etapa. En secundaria, se eliminarán los itinerarios de cuarto curso.
La ministra ha indicado que se equipararán el Bachillerato de grado medio, que durará dos años, y la Formación Profesional de grado medio, que constará de 2.000 horas lectivas.
Isabel Celaá ha anunciado que en el plazo de un año, el Gobierno presentará un modelo para la carrera docente que incluirá la formación inicial del profesorado.
Asimismo, el documento acordado hoy incrementa la autonomía de los centros y la participación en su gestión de la comunidad educativa. «En una escuela inclusiva, participativa, los consejos escolares deben ser, nuevamente, órganos de gobierno donde estén los padres, los profesores y los directores de los centros», ha subrayado la ministra.
